El lamentable estado físico del país, así como la corrupción prevaleciente ponen en evidencia el bajo nivel de operatividad del Estado. La responsabilidad por tal estado de cosas no es atribuible al actual gobierno, pues es algo que redes criminales introdujeron, décadas atrás, a fin de beneficiarse del caos, aunque  poco hace por corregir. Apenas en abril de 2015, el Ministerio Público y la Comisión Intencional contra la Impunidad en Guatemala desvelaron una ínfima parte de la pudrición, no para sorpresa de los guatemaltecos, sino para la vicepresidenta, primero, y el presidente de la República, después, quienes se pensaron impunes.

La fiesta empezó haciendo inoperantes las instituciones llamadas a cumplir funciones ejecutivas, por mencionar a uno solo de los tres organismos del Estado, en donde el desastre es obvio. Los ministerios dejaron de planificar, administrar, supervisar y ejecutar trabajos que les son inherentes. Se crearon entidades tangentes, tal el caso del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) 2004, figura que se presenta como “…la acción conjunta más seria y puntual entre el sector público, empresarial y sociedad civil de Guatemala en tema de competitividad e inversión en el país para mejorar la calidad de vida… a través de la inversión extranjera”. En 2010 creó la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), como entidad descentraliza para apoyar a entidades públicas a estructurar y contratar proyectos de infraestructura económica, bajo la modalidad de Alianza Público Privada.

En junio 2015, luego de publicaciones sobre su propuesta de crear el Centro Administrativo del Estado (CAE) en el área industrial de Fegua, la agrupación “Ciudadanos Decididos a Defender el Patrimonio Cultural de la Nación”, luego convertido en Mesa Técnica del Centro Cívico del Ministerio de Cultura y Deportes, emitió un pronunciamiento en contra de la idea.

El supuesto no cuenta con estudios sobre la realidad urbana del sector y el valor industrial del área, permitiendo colegir que se trata de una simple especulación inmobiliaria a costa de los intereses de la Nación. El Instituto de Antropología e Historia rechazó la propuesta mediante dictamen técnico y el ministro de Cultura indicó su inviabilidad. La Facultad de Arquitectura de la Usac y el Colegio de Arquitectos secundaron la postura de los ciudadanos.

Como la ambición no conoce límites, Anadie insiste en su idea y descalificación de quienes nos oponemos. Así, la semana pasada publicó el “Proyecto de bases de cotización del estudio para la puesta en valor de los bienes culturales en la antigua estación central del ferrocarril…” que en las cerca de 60 páginas solo faltó identificar a quién va dirigida la invitación.

Pero si la concepción del CAE no se sostiene, inquieta, por decir lo menos, el anuncio de esta semana del director de Pronacom, Fernando Suriano, sobre el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$1.5 millones, adjudicado a la empresa Idol de España, para la preparación de tres planes de ordenamiento para La Antigua Guatemala.

Planes de ordenamiento territorial hay al menos cinco, preparados por profesionales locales y cooperación internacional. El último aporte, del Grupo Impulsor de La Antigua, fue un diagnóstico de la ciudad e identificación de proyectos puntuales que pudieron servir como plan de trabajo de la actual administración municipal, que oportunamente fue entregado a Anadie.

Pronacom conoce esos documentos. Entonces, ¿Por qué gastar alegremente y a manos llenas en trabajos ya planteados?

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