Interiano Amador es una de las tres niñas y dos niños de cuatro familias, originarios de Cañón Tisipe y Lelá Chancó, Camotán, Chiquimula, que fueron amparados por un juez de Zacapa en el 2013.
Hilda Morales, procuradora adjunta, recordó que un juez de Zacapa declaró en la parte resolutiva de las sentencia la vulneración de los derechos humanos de estos menores, tales como violación del derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación y vivienda.
En esta resolución se señaló al Estado guatemalteco como responsable, por omisión.
“Hemos visto con preocupación que las instituciones del Estado involucradas en el cumplimiento de la sentencia han hecho acciones paliativas, pero no han resuelto el problema, a pesar de que se ha buscado de parte de la Procuraduría establecer mesas de coordinación para empujar el cumplimiento de la sentencia”, indicó Morales.
Zulma Calderón, supervisora de Hospitales, señaló que el caso de la menor es el reflejo de la tragedia que afronta el país, ya que alrededor del 47 por ciento de los niños padecen de desnutrición crónica.
Interiano Amador fue trasladada del hospital de Chiquimula al de Cuilapa, Santa Rosa, y ahora se encuentra en el área de cuidados críticos del Hospital Roosevelt, donde esperan que se estabilice para practicarle una quinta cirugía.
Medida
- Juez de niñez y adolescencia de Zacapa emite una resolución.
- En el 2013 ordenó al Estado que por medio de 10 instituciones ejecutara 26 medidas específicas para restaurar los derechos humanos violados.
- La PDH fue delegada para verificar el cumplimiento de la sentencia en cuanto a que a los menores se le brindara atención en salud, educación y apoyo educativo a las familias.
Medidas a medias
La defensora del seguridad alimentaria, Andrea Aldana, señaló desde el 2013 a la fecha ha efectuado cuatro supervisiones para verificar el cumplimiento de cada una de las instituciones a las que el juez de niñez y adolescencia de Zacapa ordenó medidas.
Uno de los ejemplo es que a las cuatro familias les llevaron estufas ahorradoras, pero no las terminaron de instalar. Se les proporcionó filtros purificadores de agua, pero no se les dio mantenimiento ni explicó cómo usarlos.
Aldana agregó que en abril del 2016 presentaron una denuncia al Ministerio Público para que investigara el incumplimiento de deberes y desobediencia a la sentencia del juez de Zacapa.
Demandan al Estado por flagelo
La campaña Guatemala sin hambre, impulsada por 14 organizaciones, comenzó procesos judiciales contra el Estado por la presunta vulneración por omisión del derecho a la alimentación en cuatro niños de Camotán, Chiquimula.
Las acciones judiciales se ganaron en favor de las niñas Dina Marilú y Mavelita Lucila Interiano Amador, y Mayra Amador Raymundo, y de Brayan René Espino Ramírez y Leonel Amador García.
La denuncia se fundamentó en la violación a su derecho a la alimentación y a la amenaza que supone para el disfrute de los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a la vivienda.
