El maltrecho estado de las carreteras es un reflejo de la situación caótica y deteriorada del país. Por cualquier punto cardinal que usted, estimado lector, se movilice encontrará no decenas sino cientos de agujeros que muestran el abandono en que están las vías de comunicación. Ya ni siquiera se puede hablar de baches, sino que en múltiples casos se trata de enormes hoyos o tramos destruidos que hablan por sí solos de una historia de corrupción e indolencia de parte de autoridades y empresarios ligados a la pavimentación. Esta lamentable situación no solo afecta a los ciudadanos comunes, sino que tiene un impacto negativo en la industria y el comercio, por los estragos que causan en la estructura de los vehículos y en el tiempo que se pierde al tratar de esquivar esos obstáculos. A esa situación se agrega el peligro de que bandas criminales aprovechen para asaltar a los conductores cuando se ven obligados a aminorar la marcha debido a los hoyos.

No se puede culpar al presidente Jimmy Morales por este problema que viene de años. Es una crisis que se ha mantenido a lo largo de décadas por gobiernos que han solapado el modelo de negocio que hay detrás de la construcción y reparación de carreteras. La crisis se agravó durante el gobierno del Partido Patriota, en particular por los oscuros negocios que hizo el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Se sabe que ahora los sobornos a los funcionarios para asegurarse contratos públicos van por el orden del 35 por ciento, que luego los empresarios se cobran en sobreprecios y mala calidad de los materiales que utilizan. La red vial es un ejemplo clarísimo de esos negocios turbios porque las carreteras se deterioran en muy poco tiempo o quedan a medio construir. Ese es el caso del tramo de Cocales a Tecún Umán que la empresa brasileña Odebrecht dejó inconcluso. Esa compañía fue la misma que sobornó por US$18 millones a funcionarios guatemaltecos para que le dieran contratos de obras, con los que obtuvo ganancias por US$34 millones.

Ciertamente Morales no tiene la culpa de lo que ocurrió antes de que llegara a la Presidencia, pero sí de lo que no ha hecho en los 18 meses que lleva de gestión. Hasta en las últimas semanas se ha visto al gobernante preocupado por el deterioro de la red vial, luego de que el sector empresarial le pusiera un ultimátum para que la arregle. En forma imprevista la semana pasada el presidente impuso el estado de Calamidad, lo cual dejaba sin efecto la Ley de Compras y Contrataciones para que pudiera hacer adquisiciones sin ningún control. Hasta el ministro de Comunicaciones, Aldo García, se mostró sorprendido por la medida tomada por el gobernante, lo cual indica que lo hizo en forma inconsulta con el principal responsable de reparar las carreteras. Afortunadamente el Congreso le paró la mano a Morales al rechazar la aprobación del acuerdo gubernativo, ya que se podía prestar, de nuevo, a negocios oscuros.

Se puede entender la falta de experiencia del presidente Morales, ya que nadie nace sabiendo, pero el problema es la forma en que toma sus decisiones. Ese es el caso de sacar a soldados a reparar las carreteras, sin tener el más mínimo conocimiento técnico, además de que esa tarea no les corresponde. Expertos en la materia aseguran que esa labor solo podría tener una duración de dos o tres meses porque no tiene la calidad requerida y porque al hacerlo en época lluviosa el exceso de humedad no permite que el asfalto se adhiera y tenga durabilidad. Si eso fuera cierto, entre octubre y noviembre próximos los hoyos tapados volverán a estar expuestos, con el consiguiente dinero tirado a la basura. Se entiende la buena voluntad del mandatario, pero eso no justifica la improvisación y la toma de decisiones sin sentido que pueden tener un alto costo a largo plazo.