Según detalló, esta denuncia es “un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela”.
El senador comentó que la CPI tiene mecanismos por los que “cualquier persona puede acudir ante la Fiscalía para presentar denuncias” para que se pueda abrir una investigación.
76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile firman la denuncia.
Por ello, Duque espera que la corte con sede en La Haya ponga en observación al país petrolero como una forma de “disuadir esos ultrajes que se están cometiendo contra el pueblo venezolano”.
“Es una forma de mostrar que hay mas allá de los discursos en los salones de la diplomacia multilateral. Hay que pasar a acciones que permitan por lo menos alertar al mundo y a través de los cuales se puedan abrir canales (contra) las conductas que ha cometido Maduro”, agregó Duque.
La denuncia se basa en los presuntos delitos que consideran que ha cometido el Gobierno de Maduro que iniciaron las protestas opositoras contra su Ejecutivo hace más de cien días y en las que han muerto más de 90 personas.
En opinión de Duque, la denuncia “muestra evidencias y soporta información pública” que permitirá que esa corte “deje en observación” con miras a investigación formal“a Maduro.
El senador destacó que tienen también la aspiración de que la Corte ”pueda alertar“de que lo que se vive en Venezuela es una ”situación grave“en la que debe intervenir” un poder judicial independiente porque está cooptado por el Gobierno”.
Por ello considera que el futuro de Maduro ” debe ser el del los dictadores que han intentado someter a sus pueblos y han cometido toda suerte de crímenes“.
“El futuro que le espera debe ser que el pueblo venezolano lo remueva a través de canales democráticos porque es lo que el país está pidiendo”, subrayó.
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Otro proceso contra la fiscal
La Contraloría General de Venezuela informó este lunes que inició un nuevo proceso contra la fiscal general, Luisa Ortega, por “su falta de cooperación” en la auditoría abierta el pasado 3 de julio por ese órgano estatal de seguimiento de las cuentas públicas a la Fiscalía.
Esta nueva acción legal iniciada por un ente del Estado contra Ortega -que ha roto con el oficialismo para convertirse en una de las voces institucionales más críticas con el Gobierno- fue anunciada por el contralor general, Manuel Galindo, y se suma al proceso del Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal.
Galindo informó del comienzo de un “procedimiento de multa” contra Ortega, que tendrá 15 días para defenderse y podría ser castigada con la inhabilitación “dependiendo de la gravedad del caso”.
El contralor dio la noticia en la sede de la Policía científica (CICPC), después de someterse junto al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a la prueba del polígrafo ordenada por el Supremo para los titulares de estos dos cargos y para la propia fiscal.
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