En el 2005, la Policía Nacional Civil reportó mil 456 personas desaparecidas, mientras que en el 2016 la cifra de adultos desaparecidos alcanzó los tres mil 526.
La cifra de guatemaltecos desaparecidos sube, mientras que las estadísticas oficiales de muertes violentas comenzaron un descenso a partir del 2012, una situación que llevó a analistas a sugerir que podría tratarse de un fenómeno relacionado con la forma en que las pandillas se deshacen de los cadáveres de las víctimas, una razón que se sumaría a factores como violencia intrafamiliar y trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
Los reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirman un incremento de cuerpos desmembrados en los últimos años, lo que refuerza la hipótesis de que muchos de los desaparecidos tendrían alguna relación con la violencia de pandillas.
De esa cuenta entre el 2016 y 2017 se han identificado varios inmuebles donde pandilleros enterraron a sus víctimas; el caso más reciente es el de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, donde, el pasado 10 de mayo, se recuperaron al menos seis cuerpos enterrados en una fosa clandestina, la más grande localizada hasta ahora que no está ligada a masacres de la guerra.
Las muertes por heridas de arma de fuego han bajado a partir del 2011, según los datos del Inacif y en el mismo período se han duplicado los cuerpos desmembrados. El año pasado la cantidad de muertes violentas cerró en cuatro mil 11 personas, 17 por ciento menos que los muertos reportados en el 2011.
En San Bartolomé Milpas Altas, durante el allanamiento y excavación en la fosa, familiares de una de las víctimas identificaron una motocicleta que estaba en la vivienda como la del joven desaparecido tres meses antes; de inmediato se pusieron a disposición de las autoridades para reclamar el vehículo y tal vez recoger alguna pista del paradero de su familiar.
El Inacif tomó muestras de ADN de la familia y las comparó con la de los restos bajo análisis, uno de ellos correspondía al joven.
Un investigador de la Policía Nacional Civil confirmó que las pandillas han cambiado las formas en que matan, una de ellas es “mejorar” el método para deshacerse de los cadáveres, por un lado para destruir evidencia y como una forma de enviar mensajes sangrientos a los grupos rivales.
Wilber Alejandro Salán y Tomy Adolfo Dávila García, ambos de 17 años, desaparecieron el 10 de mayo del 2016, los familiares dieron aviso a la Policía y comenzaron la búsqueda.
Una semana después una llamada anónima dirigió a los familiares al fondo de un barranco en la colonia Ciudad Real, zona 12 de la capital, allí estaban los cuerpos desmembrados y semienterrados de los dos jóvenes.
“El desmembrar cuerpos es una práctica cada vez más común”, dice el investigador. “Los pandilleros así pueden deshacerse de los cadáveres sin dejar mayores rastros de quién dio la orden. Pareciera que las clicas compiten a ver quién es más sanguinaria”.
Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, explica que el enterrar los cadáveres evidencia que los pandilleros han cambiado la estrategia “porque hay mayor miedo que los intercepten”.
En cuánto a los cuerpos desmembrados, aunque hay un incremento sostenido no es significativo para los niveles de violencia; sin embargo, esto “sí afecta la percepción de las seguridad”, dice Menchú.
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Proteger a la mujer
Al final del 2016 hubo 424 reportes más de mujeres desaparecidas que de hombres, en el primer trimestre de este año las víctimas mujeres superaban en 47 a los hombres en los registros del Ministerio Público.
El Inacif reportó entre enero del 2016 y marzo del 2017 un total de 76 personas desmembradas, 30 de ellas, mujeres. Sin embargo, en la cantidad de muertes violentas las mujeres representan el 13 por ciento, lo que sugiere que desaparecen por otras causas.
En el 2016, el Ministerio Público (MP) recibió mil 825 denuncias de desaparecidas, es decir, cinco casos al día, en promedio. Hasta junio de este año se han denunciado 741 desapariciones de mujeres, más de 200 casos por hechos delictivos.
“Un 40 por ciento sí aparecen y no están en situación de riesgo sino por circunstancias personales”, dice Alejandra González, encargada de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público.
González encabeza, desde el MP, una alianza interinstitucional para crear el mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas Isabel-Claudina.
El sistema podría entrar a funcionar a finales de julio y estará dedicado a coordinar y prevenir la desaparición por violencia de género así como cualquiera de las modalidades de trata.
“En un sistema patriarcal, con un machismo exacerbado expresado en violencia física, cualquier mujer puede estar en riesgo”, dice González.
La alerta Isabel-Claudina, al igual que la de menores Alba-Keneth, coordinará la búsqueda y divulgará boletines con fotografías de la mujer reportada como desaparecida.
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Niñez en peligro
En mayo pasado la Policía capturó a Gilda Nohemí Sicajá Juárez, de 42 años, conocida como doña Chiqui. Ella coordinaba un negocio de prostitución de menores en hoteles de Villa Nueva, Amatitlán y la capital.
Durante el operativo, la Policía logró rescatar a varias menores, entre ellas Lucía, de 17 años, que había desaparecido el 26 de diciembre del 2015, en la zona 8, según la denuncia presentada por familiares.
Las niñas y adolescentes superan a los registros de desapariciones de personas adultas. Siete de cada 10 reportes de desapariciones son de mujeres entre 13 y 17 años, por lo que desde el 2010 se creó el sistema Alba Keneth.
En el caso de la desaparición de mujeres adolescentes el estigma social hace su labor: “la víctima se fue con el novio”. Esto, aunque puede ser cierto, no sucede en todos los casos, y muchas veces la joven se fuga de su casa convencida de que tendrá una mejor vida y es engañada por estructuras de explotación sexual.
“Es porque hay una situación de maltrato, de rebeldía o decisión influenciada por alguna persona para una convivencia maridable”, dice Suilma Cano, jefa de la unidad Alba Keneth. “O se escapa coaccionada para integrar alguna pandilla; generalmente, eso pasa en zonas rojas”.
El problema del tráfico de personas, principalmente en la modalidad de prostitución, es un problema que persiste de acuerdo a informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, aunque los registros del Ministerio Público reportaron una reducción en la identificación de víctimas, 596 en el 2016 en comparación a las 673 víctimas rescatadas en el 2015.
El último informe de la PDH advirtió sobre la situación del país, donde la explotación sexual encabeza el peligro para las mujeres, seguido de la explotación laboral.
