El tema de este comentario es el sistema guatemalteco de justicia y su pariente cercano: el penitenciario, tanto de adultos como de menores de edad. Vale la pena analizar el significado en el idioma español, según el Diccionario de la Lengua Española, ex DRAE, de algunos términos importantes. Reo: Persona que merece castigo por haber cometido una culpa (imputación a alguien de una acción a consecuencia de su conducta). Prisión: cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos (quienes sufren prisión). No se hace diferencia entre el adulto y el adolescente o incluso el niño con problemas legales, por acusación o por condena. En otras palabras, lugares como Las Gaviotas o el Hogar Seguro Virgen de la Asunción son prisiones, y sus ocupantes, reos.

El término reo no necesariamente es sinónimo de criminal. Se vuelve así, de hecho, cuando una persona, aun habiendo cometido una culpa o un delito, o sea un quebrantamiento de la ley, es llevada a un lugar donde interactúa con gente sentenciada por crímenes, caracterizados por implicar acciones violentas, sangrientas o asesinas. Como resultado y para sobrevivir en un ambiente donde imperan las más abyectas leyes de la selva humana, se “gradúan” de criminales. Quienes no lo hacen sufren vejaciones muchas veces inenarrables de los condenados a purgar años de cárcel y sobre todo de las autoridades, cuya transformación en seres igualmente viles es solo cuestión de tiempo. Esa es la cruda realidad en Guatemala, con el agravante del rechazo social a todos los internos.

El sistema legal del país es en mucho el principal responsable, pero ese es un tema aparte. Debido a sus deficiencias, los menores de edad convertidos en reos y llevados a cárceles desarrollan sociopatía, es decir el ciego rencor y resentimiento contra la sociedad. Engañan, roban, amenazan a quienes están cerca de ellos, no solo como compañeros de prisión, sino como personas cuyo trabajo burocrático o prácticas profesionales psicológicas los acercan. Estos últimos se alejan para no arriesgar su vida. Pero los primeros, para preservarla, muchas veces se convierten en desalmados al aplicar disciplina, porque evidentemente los reos no acatan normas. Es un círculo vicioso imposible de romper, iniciado en hogares desintegrados, con violencia interna.

En este proceso, el término “menor de edad” pierde todo su concepto. Son adultos en cuanto a su experiencia de vida, inmersos en la criminalidad y se dan casos increíbles como la petición de los reos de Las Gaviotas, para recibir visitas conyugales más prolongadas. Fabrican armas de fuego hechizas, como se vio en el motín del lunes. Este tipo de gente convive con aquellos adolescentes caídos en problemas legales sin tener participación criminal directa, sino por estar en el mal lugar en el mal momento, o haber cometido algún delito de tránsito —por ejemplo— cuyo resultado es una beca para convertirse en criminal imposible de regenerar. Será visto dentro y fuera de la cárcel como un sicario en potencia, y si es mujer, como una delincuente prostituta.

Lo ocurrido en Las Gaviotas, como en el hogar “seguro” Virgen de la Asunción, es una consecuencia de una sociedad resquebrajada. No se debe abandonar la lucha y en esas condiciones la tarea de quienes tratan de ayudar a estos parias sociales resulta ser doblemente loable. Pero si el Estado no cumple siquiera con la tarea de tener centros de detención distintos, a todo nivel, para quienes por primera vez hayan cometido delitos y quienes hayan cometido crímenes sangrientos y sean reincidentes, las cárceles serán fábricas de criminales y centros de organizaciones de mareros. Estos, irónicamente, están más seguros allí porque mantienen el control por corrupción o violencia. Con algo se debe empezar: separar a quienes caen presos por primera vez.