La rampa Fénix Cargo presta el servicio de revisión no intrusiva —rayos equis— a contenedores que salen para revisión. Sin embargo, la Intendencia de Aduanas se queja de que han tenido sabotaje en la instalación de cámaras de control y en la construcción de otros 16 andenes —estaciones— dentro de las rampas que no estaban autorizadas.
Fénix Cargo ya opera 16 rampas e interpuso un amparo para continuar operando, que en un principio fue a su favor, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que resolvió a favor de la SAT.
Intercambio
Solórzano Foppa afirmó que no pueden hacer nada respecto del contrato que mantienen EPQ y Fénix Cargo, aunque advirtió que la portuaria debe de ejercer mayores controles, ya que esta tiene la figura de DAT; de lo contrario, analizarán otras medidas.
“Fénix lo que está buscando con estas acciones es anarquía en el puerto, que no existan controles, que no exista depósito y que la SAT ya no los siga fiscalizando en lo que esta pasando en los puertos, y esa es la mayor explicación”, afirmó el jefe de la SAT.
Por el contrario, Prado dijo que en los siguientes días interpondrán una denuncia por difamación y calumnia contra Solórzano Foppa, y explicó que las acciones que están llevando a cabo están en el marco de la legalidad.
“Esto ya es un tema personal entre él y nosotros, porque -Solórzano- ya se cree un superman. Lo invito a él para que lo discutamos en un debate, porque nosotros fuimos los que denunciamos a La Línea”, aseguró el representante legal.
Contratos
El superintendente explicó que habrá más acciones legales contra Fénix Cargo porque se niega a ser fiscalizada y controlada por la SAT.
Incluso, sugirió que si hay incumplimientos, que la EPQ cancele el contrato con Fénix, y que aplique las sanciones establecidas si se niega a ser controlada.
Al respecto, Prado afirmó que mantienen un contrato de 25 años que fue otorgado por la Junta Directiva de la EPQ en el 2011, antes de que fuera intervenida por el entonces interventor Allan Marroquín, cuando se entregó el usufructo a TCQ. El contrato vencerá en el 2036, según Prado.
Mafias
Solórzano reconoció que siguen operando grupos criminales en las portuarias y en las aduanas.
“El caso La Línea vino a desnudar un trabajo conjunto entre importadores, tramitadores, personal de SAT y agentes aduaneros. Esto solo es una parte de las estructuras”, afirmó.
El funcionario explicó que las mafias en los puertos hacen mucho más dinero —negocios— que en las revisiones e inspecciones.
Agregó que todos los contratos que mantienen los puertos son a largo plazo, que al final son rentables pero que se han obtenido de forma anómala.
Entre estos mencionó grúas, mantenimiento y reparaciones y servicio de dársena.
