Quizá no resulte tan fácil determinar el tráfico de influencias en la última elección de junta directiva del Congreso de la República, lo cual tampoco descarta que eso no haya ocurrido y que a cambio de acomodar a una serie de piezas en determinadas posiciones dentro del Legislativo se hayan ofrecido los tradicionales beneficios a quienes ayudaran a rescatar la maltrecha imagen del oficialismo.

El Ministerio Público ha anunciado una investigación para determinar la posibilidad de que se haya incurrido en algún ilícito, lo cual implicará grandes esfuerzos, y aunque no se lograra probar irregularidades, eso tampoco implica que no se haya incurrido en una serie de acuerdos y de oscuras negociaciones que no tendrían nada de malo si no estuvieran cargadas de misterio y de rumores de jugosas compensaciones.

Lo relevante de esta pesquisa es que la figura del presidente Jimmy Morales está en la primera fila de personas por investigar, porque se deben esclarecer el alcance y los objetivos de su participación en esas reuniones, y para ello se les ha pedido a los diputados participantes que brinden su declaración, “so pena de protesta por decir la verdad”, sobre lo que les consta acerca de invitaciones y participantes.

El primer punto por esclarecer, tras la denuncia presentada por un diputado de la UNE, es si las invitaciones o la motivación para elegir a los directivos se originaron en la Presidencia y averiguar hasta qué punto en esas negociaciones estuvo involucrado directamente Morales.

El segundo punto sobre el que debe haber explicaciones convincentes es la justificación de por qué esas negociaciones se llevaron a cabo en la Casa Presidencial y en la finca presidencial Santo Tomás, en las cuales también habría participado el mandatario.

De lo que no se duda es de la realización de esas reuniones, porque ha sido una nefasta tradición en el país efectuar negociaciones innecesariamente opacas, para la obtención de privilegios y las versiones sobre la búsqueda de acuerdos empezaron a circular hacia finales del 2016, cuando el partido oficialista había resentido la pérdida de poder, el arrinconamiento de sus representantes y el embate de la justicia, que empezaba a cerrar el círculo sobre figuras relevantes de FCN-Nación.

Esos temores, que a muchos los hicieron confabular en la búsqueda de poder, se materializaron poco después cuando figuras emblemáticas del oficialismo quedaron de cara a la justicia, uno de ellos fue Édgar Ovalle, quien al perder la inmunidad por un caso de desapariciones forzadas durante el conflicto armado se dio a la fuga, al emitirse una orden de captura en su contra y, otro, Armando Melgar Padilla, a quien le fue embargada una cuenta millonaria, cuyo origen debe explicar.

Sin embargo, las negociaciones para llegar a posiciones de relevancia solo fueron la ratificación de una búsqueda de poder y de influencia para favorecer la impunidad, porque para eso han servido los más altos cargos en el Estado, porque desde allí se puede influir para entorpecer procesos o para acomodar piezas que puedan ser de utilidad si la situación es adversa. Una realidad que no sorprende pero que no deja de preocupar por sus perversos efectos.