Existen personajes cuyo impulso vital gira en torno a polémicas improductivas o de crear argumentos falaces para hacer tropezar iniciativas de bien común, las cuales a menudo representan un ruido para oscuros intereses sectarios y a las que anteponen la descalificación o incluso favorecen el financiamiento de arriesgados esfuerzos contracorriente, bajo la ilusa creencia de defender intereses legítimos.

Tales fabricaciones han buscado darle un matiz ideológico a la lucha anticorrupción emprendida por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyos jefes han liderado ese esfuerzo en medio del aplauso popular y la tácita indiferencia de figuras y organismos de poder, debido a que las acciones por transparentar la función pública pasan por arrebatar privilegios sectarios vigentes durante décadas, ante la indolencia gubernamental.

El decidido apoyo del embajador de EE. UU., Todd Robinson, a la lucha contra estructuras corruptas le ganó la honrosa animadversión de figuras cuestionables que llegaron al extremo de cabildear en su propio país en favor de la remoción del diplomático, en el contexto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. No obstante, la institucionalidad estadounidense y sus prioridades en materia de seguridad nacional prevalecen por encima de reclamos aldeanos y conveniencias grupales, ilusamente comercializadas por oportunistas que venden supuesta influencia en favor de causas perdidas.

La designación como nuevo embajador de Luis Ernesto Arreaga Rodas, un guatemalteco que emigró a Estados Unidos en la década de 1970 y actual subsecretario de la lucha antidrogas, no solo desmiente a los mercaderes de una falsa soberanía, sino que pone en entredicho a los supuestos cabilderos, puesto que Arreaga es un férreo aliado de la lucha contra la corrupción a escala global.

“Los países en donde florece la corrupción tienen economías que crecen de manera más lenta y enfrentan serios problemas con el crimen, con ciudadanos desilusionados del gobierno y con una reputación internacional mancillada. La corrupción imposibilita la innovación y convierte el ambiente de negocios menos competitivo y eficiente”. Palabras del propio Arreaga en un discurso pronunciado en la Cumbre Mundial contra la Corrupción de 2015, en la cual dejó claro que toda vulneración a la institucionalidad a través de sobornos y malas prácticas públicas es un riesgo potencial a la seguridad de EE. UU., y ha sido ese mismo axioma sobre el que han girado las acciones de Robinson.

Guatemala no puede ser indiferente a una tendencia mundial que apunta a la transformación del sistema hacia prácticas transparentes, porque la agobiante realidad, con penosos indicadores en salud, seguridad, educación e infraestructura, exige un cambio profundo en la administración pública, y mientras eso no se comprenda persistirá la creencia de la intromisión y de falta de respeto a la soberanía, como un pretexto para eludir responsabilidades.

En un país en el cual durante tanto tiempo ha prevalecido la impunidad, la tarea puede parecer ardua, pero si no se emprende el camino parecerá más pesado que las exigencias lleguen desde el exterior.