El tiempo ha pasado y el desarrollo se ha estancado en Panabaj, donde la madrugada del 5 de octubre del 2005 un alud sorprendió a las 875 familias que la habitaban. La mayoría fueron reubicadas en lugares más seguros, pero 200 se quedaron a la espera de que la aldea volviera a ser la misma y aún esperan asistencia estatal.
Eddy Sánchez, director del Insivumeh, indicó que el suelo está saturado en Petén, las Verapaces, zonas occidental y oriental de Chiquimula y el Valle del Motagua, lo que causa derrumbes en la ruta al Atlántico. Agregó que la lluvia podría disminuir hoy y que para el fin de semana se espera únicamente lo propio de la temporada.
Para muchas de las personas que optaron por quedarse en el lugar, declarado zona de alto riesgo, pareciera que la historia no tiene fin, pues viven en extrema pobreza, los niños padecen desnutrición y la delincuencia acecha. También afrontan problemas psicológicos, pues muchos no han superado la pérdida de sus seres queridos.
Antonio Ramírez, uno de los sobrevivientes, señaló que se quedó en ese lugar porque en Panabaj están las tierras que cultiva para sostener a su familia. Ramírez es consciente de que nadie quiere invertir en un área declarada inhabitable, pero asegura que ellos también necesitan apoyo.
Felipe Daniel Tziná, otro damnificado, agregó que en el área donde fueron reubicadas las familias, en Chuk Muk, hay poco espacio para cultivo, por lo que optó por quedarse en Panabaj, pese a las recomendaciones de las autoridades de desalojar el área.
Añadió que ante la necesidad de educar a los niños, habilitaron el inmueble de lo que fue un hospitalito para que funcione como escuela.
“Nos cuesta superar lo sucedido, porque cada día enfrentamos una serie de adversidades, debido a la pobreza. Somos precavidos ante la naturaleza, pero las secuelas persisten”, dijo.
Generalizado
Según vecinos del lugar, el problema es generalizado. Las familias que viven en los sectores Chuk Muk 1, 2, 3 y 4 también padecen la pobreza y falta de atención estatal.
Salvador Loarca, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santiago Atitlán, comentó que esas comunidades necesitan más desarrollo, pues la infraestructura es precaria y el acceso a la salud y la educación es complicado.
Sergio Gabriel Ramos Méndez, líder comunitario de Chuk Muk 4, afirmó que la drogadicción y el alcoholismo han aumentado en la población, lo que afecta principalmente a los niños y jóvenes, que también son afectados por la falta de educación, pues en la aldea solo funciona una escuela, que atiende a más de 500 estudiantes.
Nicolás Ramírez García, residente de Chuk Muk 4, comentó que la tragedia del 2005 fue una lección para las autoridades, pero considera que estas se cansaron de invertir, porque hay deficiencia en servicios básicos como la energía eléctrica. Además, señaló falta de ornato, lo que causa proliferación de zancudos y serpientes.
Juan Antonio Velásquez, alcalde de Santiago Atitlán, dijo que apoyan para que las comunidades salgan adelante, y que un ejemplo de ello es que recientemente entregaron las escrituras de varios terrenos a los damnificados.
Añadió que es necesario que los vecinos se involucren más en la búsqueda del desarrollo.
El gobernador de Sololá, Alberto Chumil Julajuj, señaló que para los cuatro sectores de Chuk Muk hay varios proyectos de salud y educación. Dijo que recientemente entregaron un Centro de Atención Integral Materno Infantil valorado en Q12 millones y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Santa Isabel
Los vecinos de la colonia Santa Isabel 2. en Villa Nueva, viven con temor de que se repita la tragedia que del 6 de septiembre del año pasado, cuando parte de un paredón, tierra y un contenedor cayeron sobre cinco viviendas. Ese día murieron 10 personas. El miércoles pasado, varios niños jugaban en el sector de riesgo.
Cuando llueve, en el área de la tragedia, desciende una fuerte correntada. “¿Qué podemos hacer? No tenemos a donde ir”, dijo una vecina.
Martina Tomin es pastora de una iglesia evangélica del sector. No ve acciones estatales para mitigar el problema. Recuerda que la comuna les ofreció reubicarlos, pero tenían que pagar el terreno.
En el lugar habitan unas 60 familias que necesitan apoyo del gobierno, ya que perdieron sus viviendas y seres queridos. Ahora alquilan o están con un familiar y otros se refugiaron en una iglesia.
La casa de Emilio Vega fue destruida y a causa del deslave murió su hijo Yimmi Vega, de 8 años. Aún viven una pesadilla. Es difícil superar la pérdida de un hijo, y no han recibido ayuda estatal.
Ese inmueble le costó Q67 mil —Q55 mil del terreno y Q12 mil de construcción—. Una acumulación de agua en la parte alta del predio contiguo a la vivienda causó que colapsara el paredón que la destruyó y que les cayera encima el contendor.
“Cada vez que llueve nos recuerda la tragedia. Es una marca que jamás se borrará”, expresó Dora Amarilis Ratzán, esposa de Emilio.
La salida del agua de lluvia de otra colonia está tapada, debido a tierra que han lanzado, lo que causa que corra por algunas viviendas de Santa Isabel 2, dijo Felipe Morales, del Consejo Comunitario de Desarrollo.
Ender Casasola, vocero de la Municipalidad de Villa Nueva, afirmó que en su momento la comuna pidió a los vecinos que desalojaran, ya que el sector es un zanjón natural.
“La comuna les ofreció salir del lugar, pero obviamente la vivienda no es regalada. Ellos tendrían que pagar alguna cuota. Los vecinos no mostraron interés”, afirmó Casasola. Agregó que por la lluvia, mantienen alerta amarilla institucional.
El Cambray 2
A casi dos años de la tragedia en El Cambray 2, que dejó unos 206 muertos, al menos tres familias aún viven en la denominada zona cero y otras dos a un costado del lugar.
Sonia Ramos tiene 48 años. Vive con temor por lo ocurrido. “Estamos aquí por nuestra cuenta, pero no tenemos a donde ir”, dijo.
Luisiño Sánchez, vocero de la comuna de Santa Catarina Pinula, indicó: “No ha habido autoridad alguna que los convenza de salir”. Tampoco quieren ir a un albergue.
Luego de haber cumplido los requisitos, en el primer listado, unas 181 familias damnificadas serán beneficiadas con el proyecto Mi Querida Familia. Esa promesa la hizo en el 2015 el entonces mandatario Alejandro Maldonado, pero no se ha cumplido.
Julio Sánchez, de Comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que en el caso de Santa Isabel 2, el trabajo de la institución continúa en respaldo a la comuna, para que brinde las medidas de mitigación. Manifestó que el sector fue declarado área de riesgo.
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Respecto de El Cambray 2, dijo que el lugar es de alto riesgo y que la Conred no ordena desalojos, por lo que se debe buscar solución.
