Los diputados Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional; Óscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana y exliderista; Julio Lainfiesta, de la Unidad del Cambio Nacional (UCN), y Jaime Regalado, del Movimiento Reformador, expatriotista, han dado nueva muestra de torpeza al ser las caras visibles del pago de un millonario plan de cabildeo, supuestamente para mejorar su imagen, pero han logrado todo lo contrario.

Este proyecto se une a otro, con el propósito también de mejorar la imagen del presidente Jimmy Morales, cuyo contrato habría suscrito el exrepresentante del mandatario Marvin Claus Mérida con una firma estadounidense, a la que habría que pagar por sus servicios para el siguiente año poco más de siete millones de quetzales.

Esta cifra es similar a la que estarían pagando los financistas a favor de los diputados, aunque en el fondo esta es una causa perdida y porque su objetivo sería descalificar la lucha contra la corrupción que llevan a cabo el Ministerio Público y la Cicig.

Ambos hechos, de por sí vergonzosos, están condenados al fracaso porque sus intenciones son contra natura y pretenden volver a un pasado de oprobio para el país, en el que la corrupción ha sido plaga dentro de la administración pública, motivo justificado de repudio, pese a la resistencia de personajes capaces de financiar a diputados desprestigiados en el afán de volver a un estado anterior a 2015, cuando la población dijo basta a tantos abusos.

No solo es escandalosa la noticia, por los aviesos fines que se persiguen, sino lo es también el monto, pues pagar más de 14 millones de quetzales a una firma de relaciones públicas para pulir la herrumbre es casi un mal chiste, cuando podría producir efectos mucho más positivos la inversión de esos recursos en proyectos de beneficio social.

Los diputados pretenden olvidar que están obligados a rendirle cuentas a la población, revelando el origen de ese millonario aporte, para esclarecer si son empresarios o dinero ilícito el que recibieron y a cambio de qué.

En materia de transparencia quedan muy mal parados estos personajes, pues tales patrocinios no los da nadie sin tener expectativa de recompensa. Aun si se tratara de afinidades ideológicas es bueno aclarar quién es quién en el Legislativo y en el ambiente nacional, pues para máscaras bastan las de los defenestrados exgobernantes patriotistas.

El Gobierno ha optado por desvincularse de cualquier acción que lo relacione con el criticado cabildeo, lo cual tampoco es suficiente, sobre todo porque Mérida es allegado al presidente Morales y justo en la misma semana de la Cumbre reiteró en entrevista con un canal de Orlando las mismas acusaciones que le hicieron perder el dudoso cargo de embajador migrante.

Parecieran no darse cuenta de que la solidez de Estados Unidos reposa en su institucionalidad y procesos, por lo cual ni el senador más influyente se va a poner a librar una batalla para sacar a un diplomático simplemente por las quejas de un funcionario advenedizo o de diputados cuestionados que no tienen la moral suficiente de declarar quiénes son sus patrocinadores.