El programa fue anunciado por el gobierno de Obama en noviembre de 2014, pero nunca entró en vigor. Tenía la intención de mantener a salvo a los padres inmigrantes y proveerles de permisos renovables de trabajo por dos años, pero fue bloqueado por un juez federal de Texas después que 26 estados impugnaron su legalidad en un tribunal federal. Los republicanos denunciaron el esfuerzo como una “amnistía clandestina” y arguyeron que Obama sobrepasó su autoridad al proteger a un tipo específico de inmigrantes que vive ilegalmente en el país.
El programa de protección a padres, al igual que el de jóvenes inmigrantes, fue creado en un memo durante el gobierno de Obama. Ambas medidas requerían que los participantes cumplieran con ciertas condiciones, como no tener antecedentes penales. Como parte de la expansión para proteger a los padres inmigrantes que vivían ilegalmente en Estados Unidos, el gobierno de Obama también busco proporcionarles a los jóvenes inmigrantes permisos de trabajo por tres años. Dicha cláusula también fue bloqueada por el juez de Texas.
Revocar el memo y poner fin al programa cumple con una vital promesa de campaña de Trump, quien se comprometió a cancelar dichos esfuerzos “de inmediato”, Trump no ha dicho cuáles son sus planes sobre el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, pero hasta el momento la mayoría de los inmigrantes que cuentan con esa protección no han sido blanco de los esfuerzos incrementados por encontrar y deportar a los inmigrantes que están ilegalmente en el país. Hasta el 31 de marzo, unos 787.000 jóvenes inmigrantes han sido aprobados para el programa DACA, según datos gubernamentales.
Los arrestos de inmigrantes en el interior del país se han incrementado bajo el gobierno de Trump, pero las deportaciones han sufrido una ligera baja debido a que se ha sorprendido a menos gente cruzando ilegalmente la frontera con México hacia Estados Unidos.
Trump ha priorizado el ejercicio de las leyes migratorias y prometió continuar con las enérgicas medidas hacia aquellos que están ilegalmente en Estados Unidos, así como a los que intentan ingresar al país.