En opinión de Marroquín, hay dueños reales de las operaciones portuarias, por lo que el Estado debe tener una nueva estrategia y disolver ese esquema perverso.
Marroquín subrayó que cambiar solo por así los problemas actuales es imposible, por lo que debe de surgir una nueva propuesta que significaría desconocer muchos de los contratos actuales que son lesivos para el Estado.
Contratato por el uso de las grúas en el muelle.
En la actualidad, el propietario de los equipos tiene orden de captura y se encuentra prófugo.
Arrendamientos de equipos a terceros.
“Que bien que se reconozca que ya es un problema que está por encima de las capacidades propias de ser resuelto”, aseguró.
El superintendente Francisco Solórzano Foppa, expuso a Prensa Libre que “no hay ninguna empresa portuaria, que no tenga contratos con problemas judiciales”.
Recordó que hay varios casos en las portuarias Quetzal, Escuintla, Santo Tomás y Puerto Barrios, en Izabal, que están vinculados con casos de corrupción.
El funcionario explicó que algunos directivos de las firmas que mantienen contratos vigentes en las terminales, incluso están en prisión y otros prófugos.
Hoja de Ruta
Marroquín, afirmó que lo primero debe ser crear un nuevo marco legal en la administración de los puertos, en el que se delimiten funciones y operaciones, lo que implicaría cambios a las leyes que las rigen y que tendrían que ser conocidas por el Congreso.
Además, de la anulación de los actuales contratos y el fomento económico del territorio donde operan.
Contrato con la Terminal de Contenedores Quetzal, que fue suscrito cuando se encontraba intervenida.
Contrato con las rampas de inspección Fénix.
Construcción de módulos que no son utilizados.
“En otros países, donde están los puertos se ve el desarrollo económico, pero en el país eso no ocurre”, enfatizó.
Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad e Infraestructura Crítica, afirmó que afina las acciones que se estarían implementando. “El plan de acción es recuperar el control de los puertos y se identificó a las empresas o personas que mantienen contratos en las terminales”, aseguró.
En su momento, indicó, se desarrollarán las acciones legales para recuperar el control.
