En el 2002, cuando trabajaba en Emisoras Unidas, durante la emisión del programa En Perspectiva, la radio-revista informativa que producía y conducía todas las mañanas, se entregó en recepción un sobre con carácter de urgente. Al abrirlo me encontré con una amenaza. Un grupo que se autodenominaba “guatemaltecos de verdad” hacía saber que pronto probaríamos el “sabor de sus balas”. El listado incluía a siete defensores de derechos humanos y dos periodistas, en cuenta yo. Hacía un par de semanas que había publicado una investigación sobre un bebé que había nacido en una cárcel clandestina del Estado, en 1981. Su madre había sido secuestrada mientras estaba embarazada y fue asesinada tiempo después de dar a luz. Al bebé lo vendieron a una pareja extranjera, después de falsificar la partida de nacimiento con la que lo sacaron del país.

Algunos meses después de esa amenaza, un grupo de hombres armados y encapuchados entró a mi casa, se llevó mi computadora, diskettes y algunos documentos, disparó contra mi carro y destruyó un par de muebles. La visita se repitió algunas semanas más tarde y encañonaron a uno de mis hijos, de apenas 9 años, dejando muy claro que corríamos peligro. El fondo del asunto: hacerme callar.

En diciembre de 2011 volví a ver mi nombre en otro listado. Esta vez en una demanda penal presentada en el Ministerio Público, en donde se me acusaba a mí y otras 51 personas de una serie de hechos delictivos. A sabiendas de que nunca pertenecí a ninguna organización política ni guerrillera, aparecía en el listado con el seudónimo de Tania. Los delitos que se me imputaban ocurrieron antes de que yo naciera, o cuando apenas tenía 3 años de edad. La intención era clarísima, pretendían mancillar mi reputación, mi nombre y mi credibilidad, el bien más preciado para un periodista, utilizando el sistema penal para criminalizarme. En aquella oportunidad escribí una columna de opinión en este mismo diario que titulé Soy Marielos, no Tania, en donde explicaba que mi voz y mis escritos —que difieren del discurso y la postura ideológica dominante— eran una afrenta para quienes creen tener la razón y la verdad absoluta y buscaban hacerme callar por la vía de asesinar mi reputación. Algunos meses más tarde, en abril de 2012, una nueva demanda fue presentada. Ambas se desestimaron porque no tenían sustento alguno. En el ínterin utilizaron mi nombre y mi fotografía en marchas y plantones de familiares y amigos de los militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, con la frase “no puede haber paz para estos delincuentes”. Y que yo sepa, expresar lo que pienso y defenderlo no es ningún delito.

Hace pocos días, una nueva lista en la que está mi nombre volvió a circular y el domingo fue publicada en una nota de elPeriódico. Es la misma lista de una de las demandas penales. Se supone que una abogada de la fundación contra el terrorismo (así, en minúsculas) estaría haciendo creer a sus clientes que la gente del listado sería la responsable de “todas sus desgracias en el último tiempo”. Semejante amenaza es una incitación a la violencia y nos pone a quienes ahí aparecemos en un grave riesgo. Una vez más el objetivo está muy claro: hacerme callar a cualquier costo y esto, además de ser un delito, es inaceptable.

Hoy, como ya lo escribí antes, defiendo mi derecho a expresar lo que pienso y les digo que ni las amenazas, las calumnias o la incitación a la violencia me van a silenciar, no porque no tenga temor, sino porque me niego a aceptar que tengamos que seguir siendo rehenes del miedo.

@MarielosMonzon