Sería razonable suponer que con tanto abogado alguno se preocuparía por estar enterado de la ley. La Comisión de Postulación para la CSJ la integran magistrados de salas de Apelaciones, representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), los decanos de las facultades de Derecho de las universidades y el rector Félix Serrano, presidente de la Comisión. Con excepción de Félix, todos son abogados. La Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones la integran los magistrados de la CSJ, representantes del CANG, los decanos de las facultades de Derecho y el rector Murphy Paiz, presidente de la Comisión. Con excepción de Murphy, todos son abogados. Si no me falla la aritmética, son 36 abogados en cada Comisión, por dos, son 72. A estas comisiones repletas de abogados les metieron tremendo gol, por faltar a la ley en los procesos.

Todo parecía caminar sobre ruedas, aunque algo paches. La Comisión para CSJ debe enviar una nómina de 26 candidatos para que el Congreso elija a 13 magistrados y la Comisión de Salas de Apelaciones enviaría una nómina de 270 candidatos para que el mismo Congreso elija a 135 magistrados. Pero, en amparos provisionales otorgados por la Corte de Constitucionalidad (CC), quedaron anulados los procesos y deben iniciar nuevamente desde cero.

De acuerdo con la resolución de la CC, la Comisión de la CSJ violó la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley de la Carrera Judicial, pues tendría que haber solicitado al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) evaluación de los jueces y magistrados que laboran en el Organismo Judicial (OJ) y aspiran ser magistrados de la CSJ. Otro error fue que los magistrados de las Cortes de Apelaciones (CA) que integran la Comisión para la CSJ no fueron electos con el procedimiento adecuado. En cuanto a la Comisión de Postulación para las CA, cometieron el mismo error de no pedir al CCA evaluación de los jueces y magistrados que laboran en el OJ y ahora aspiran a la CA. Si usted se encuentra un poco desorientado con todo esto, créame, no está solo. El resultado neto es que lo actuado queda anulado y deben arrancar nuevamente desde el principio.

Circulan teorías conspiracionistas que podrían contener gramos de veracidad. Por ejemplo, está el antecedente del caso del proceso de postulación que culminó en el nombramiento de Conrado Reyes como fiscal general, que fue anulado por la CC y dio paso al nombramiento de Claudia Paz y Paz. Una teoría es que algunos de los “ungidos” —como el juez Gálvez, por ejemplo— no habrían logrado entrar en la lista de finalistas y era necesario anular el proceso y asegurar que entraran en “segunda vuelta”. Otra teoría es que se buscaría evitar que el actual Congreso nombre a los magistrados. Al anular lo actuado por las Comisiones de Postulación y obligarlas a reiniciar desde el principio, el proceso se podría retrasar hasta que tome posesión el nuevo Congreso en enero 2020.

Este nuevo fracaso de las Comisiones de Postulación deja muchas lecciones. Entre ellas, el exceso de formalismo que caracteriza el andamiaje de legislación y regulación en el país, donde la falta de un sello o una copia legalizada se pueden traer todo a tierra. Otra es que los procesos ideales integrados por “expertos” o “sabios”, como es el caso de las Comisiones de Postulación, no funcionan. Terminan por ser procesos de transacción de intereses que no producen buenos resultados. Dice mucho que estas Comisiones integradas por seis docenas de abogados no se percataron de la ley. Al menos eso dice la CC, para quienes la ley, como el plástico, es moldeable.