Estados Unidos continúa dando muestras de no tener una visión de largo plazo para buscar soluciones integrales a la problemática de los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, a juzgar por las más recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien ha estremecido a la población migrante por sus consideraciones sobre el Estatuto de Protección Temporal.

El funcionario declaró que ese privilegio, de beneficio para miles de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos, no debería ser permanente, y agregó que quienes reciben ese trato deberían pensar en volver a sus casas, una medida que de ninguna manera puede ser la vía para resolver una problemática de décadas y, en cambio, podría desencadenar una aguda crisis para estas naciones y, de hecho, puede acrecentar el problema de la migración ilegal.

Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar y estas van desde la angustia de los miles de afectados hasta la preocupación de algunos gobiernos porque esto no ocurra en un corto plazo, ya que conllevaría imprevisibles consecuencias en la ya complicada situación de la región.

Una de las expresiones más conmovedoras se produjo ayer en Miami, donde un conglomerado de migrantes de Centroamérica y Haití pidieron compasión al presidente Donald Trump para que su gobierno desista de las deportaciones mientras el Congreso no tome una decisión de llevar a la discusión la regularización de millones de ellos.

De hecho, esas acciones de expulsión de miles de migrantes ya están en marcha, pues la semana anterior el gobierno estadounidense anunció la renovación del TPS para 58 mil haitianos, quienes gozan de ese beneficio a causa del terremoto que destruyó la isla en el 2010, pero se les comunicó que solo será por los siguientes seis meses y no por los 18 que habitualmente se les concedía, con lo cual el plazo fatídico se vencería en enero del 2018.

Tanto los haitianos como los centroamericanos que están en riesgo de perder ese beneficio provienen de realidades abrumadoras, donde ninguno de sus gobiernos podrá hacerle frente a un retorno masivo de migrantes, y sería contraproducente avanzar de manera acelerada por esa vía porque ello solo agravará las condiciones de precariedad preexistentes en estas naciones.

Además de los haitianos, se estima que en ese nivel de vulnerabilidad se encuentran aproximadamente 260 mil salvadoreños, 86 mil hondureños y cinco mil nicaragüenses, cifras elevadas si se materializa en un corto plazo la expulsión de inmigrantes, y es indiscutible que a estos deportados se les estaría condenando a una vida de limitaciones, sin que ello conduzca a la solución de problemas internos de EE. UU., que parece hallar en los migrantes el eslabón más débil para culparlos de sus males.

Ese país debe tomar en cuenta que buena parte de las condiciones actuales del Triángulo Norte son fruto de años de indiferencia y hasta de aprovechamiento de recursos a lo largo del siglo XX, cuando se pudieron sentar las bases para superar la pobreza, pero también se pudo haber apoyado de manera decidida el fortalecimiento de regímenes democráticos.