Palomo, según la investigación, fue perseguido por dos hombres que viajaban en motocicleta y le dispararon. El penalista defendió al expresidente José Efraín Ríos Montt en el proceso que el militar enfrentó por genocidio y que luego de llegar a sentencia fue anulado.
Los fiscales del MP concluyeron ante el Tribunal C de Mayor Riesgo, presidido por el juez Pablo Xitimul, que la banda de sicarios vigiló a las cuatro víctimas mortales por un mes antes de perpetrar los ataques.
“Los sicarios atacaron con la intención de descargar las tolvas”, relató el fiscal en la sala del Tribunal, que se encontraba llena.
Según la investigación, las víctimas recibieron de nueve a 18 balazos cuando fueron atacados.
Los detalles de las pesquisas fueron escuchados por Lucrecia Marroquín viuda de Palomo, quien estuvo acompañada de la excandidata presidencial Zury Ríos. En la misma sala permanecieron los familiares de los acusados.
Un fiscal del MP indicó que la estructura criminal cobró Q60 mil por un crimen, aunque al comienzo de su contratación se les ofreció Q25 mil; en la audiencia, por respeto a los familiares de Palomo, se obvio mencionar esa cifra. Los pagos por crímenes los estableció la fiscalía por medio de escuchas telefónicas.
En las conclusiones de la fiscalía no se determinó quiénes pagaron a los sicarios para perpetrar los crímenes; es decir la autoría intelectual.
Víctimas
La supuesta banda también está involucrada en la muerte del abogado José Antonio Meléndez Sandoval, quien fue relator suplente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en Guatemala. Él fue baleado el 13 de junio de 2014, en la 15 avenida y 50 calle de la zona 12.
Esta estructura también es acusada de matar por encargo al empresario Faisal Antonio Aranky Rabanales quien falleció en un hospital luego de ser baleado el 7 de agosto de 2015 cuando viajaba en un vehículo en la 16 avenida y 1a. calle de la zona 10.
El último crimen atribuido a la banda por el MP fue el de Carlos Mauricio Aragón Garrido, sucedido el 25 de agosto del 2015, en la 12 avenida B y 8ª. calle, zona 12.
Las penas
Contra José Luis González Jiménez, alias Pepis y Pepino el MP pidió 200 años de cárcel por asesinato -50 años por cada muerte- y ocho años por asociación ilícita, para un total de 208 años. El acusado tiene 36 años, mensajero y cursó segundo básico.
Para Édgar René de León Calderón, de 46 años, mecánico señalado de cobrar por los asesinatos, se pidió una condena de 150 años de prisión por asesinato de -tres crímenes- y ocho por Asociación ilícita; es decir una suma de 158 años.
Contra Gerber Manolo López Chupina, de 40 años, apodado Pocha, quien cursó hasta tercero básico y es vendedor de carros usados, además de supuestamente ser la cabecilla de la banda, el MP pidió cien años de cárcel por asesinato -en el caso de Palomo y Meléndez, 50 años por cada uno- y ocho años por asociación ilícita, para 158 años de prisión.
En el caso de Érick Augusto Tasen Godoy, de 49 años, apodado Willy, quien estuvo en prisión en 2014 por portación ilegal de arma de fuego, se pidieron 200 años de cárcel por asesinato -50 por cada crimen- y ocho por asociación ilícita, para un total de 208 años.
Para Isaac Emanuel Álvarez Monzón, de 23 años, apodado Seco, repartidor de pan, el MP pidió una pena de cárcel de cien años por asesinato -involucrado en dos crímenes- y ocho, por asociación ilícita, para 108 años.
Contra Miguel Silvano Gómez Toma, de 38 años, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), en la que trabajó durante ocho años, se pidió una condena de seis años de cárcel por abuso de autoridad.
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