Las autoridades reportan haber destruido más de 17 millones de plantas de amapola y marihuana durante los operativos que se llevan a cabo bajo el estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco, municipios de San Marcos, marcados por una histórica rivalidad por fuentes de agua y límites territoriales. También se informa que el monto de lo erradicado podría ascender a unos tres mil millones de quetzales.

Estas son cifras de difícil comprensión para cualquier persona, pues el solo hecho de disponer de un espacio para esos sembradíos requiere de una gran extensión territorial, que las mismas autoridades estiman en unas 258 hectáreas, entre ambos municipios, lo que pone en perspectiva la dimensión de un problema que difícilmente terminará con ese tipo de operativos.

Lo más llamativo de esta información es lo relacionado con las insospechadas cifras sobre cultivos ilegales, pues la extensión territorial y las plantaciones destruidas, así como el monto dinerario, ascienden a cifras descomunales, que en todo caso constituyen un alerta sobre las proporciones de este negocio.

Esto a la vez plantea la interrogante sobre los alcances del negocio de las drogas, sabiendo que los campesinos guatemaltecos no son los únicos proveedores de la materia prima para la producción de opio, del cual se obtiene la heroína y la morfina, cuyo uso ilegal surte un mercado sediento de evasión en los países desarrollados del hemisferio norte.

Lo que todavía no está claro es lo que ocurrirá cuando las operaciones de exterminio concluyan en las montañas de San Marcos, pues la producción de materia prima para la elaboración de poderosos narcóticos mueve millonarias cantidades de dinero y ese vacío debe ser llenado a la vez con propuestas creativas de desarrollo comunitario, para sustituir una fuente de ingresos ilegal, pero de difícil desaparición.

De hecho, las autoridades confiesan que es probable que existan todavía extensas plantaciones de amapola, pero no las han podido ubicar, por lo escabroso del terreno, y es casi seguro de que habrá una prórroga del estado de Sitio o la declaratoria de un estado de Prevención, pues el tiempo tampoco será suficiente para concluir una tarea sobre la que no se tiene información completa.

Lo más importante, y obviamente lo menos atendido, es que paralelamente a las tareas de erradicación también deben participar autoridades de otras dependencias para gestionar otro modelo de ingresos en la región, pues se corre en riesgo de incurrir en un gasto quizá millonario y de dudosos resultados si no se implementan programas que eviten el retorno de la población a los campos de cultivo.

Las autoridades confían en efectuar un retiro progresivo de esa zona de conflicto, supuestamente para evitar un resurgimiento de los narcocultivos, pero tan pronto como los comunitarios queden en el abandono volverá esa ilícita actividad, porque hasta ahora ninguna región conflictiva ha vuelto a la normalidad con la simple presencia de tropas o de agentes de la Policía si no existen proyectos inmediatos y creíbles para estimular otras opciones de desarrollo.