¡Faltan tres maestros! ¡Faltan tres maestros!, gritaban el miércoles, en la vía pública, alumnas y alumnos de la escuela pública urbana mixta Darío González, con la idea de que ese reclamo llegue a oídos del Ministerio de Educación para que nombre a los docentes que los escolares reclaman y subsanar así un aparente incumplimiento de deberes.

Se trata de una escuela situada en la zona 19, con buen personal docente, pero con aulas en muy malas condiciones: paredes húmedas y con grietas, vidrios de ventanas rotos, filtraciones de desagües, y falta de mobiliario. El Gobierno le entregó 100 pupitres; pero son 400 adicionales los que, como mínimo, la escuela necesita.

Lo acontecido ofrece nuevamente una idea de las carencias educativas en Guatemala y la tradicional falta de interés oficial por atender las necesidades que en esa materia tiene la población. Deficiencia patente en el hecho penoso y desagradable, de que sea el nuestro uno de los pocos países latinoamericanos y del Caribe que no hicieron honor al compromiso mundial de alcanzar las metas del milenio, en la educación pública, ni en otras materias más, en los quince años, comprendidos entre 2000 y 2015.

Por el contrario, al cierre de ese período, las autoridades guatemaltecas tuvieron que encajar el reproche de la comunidad internacional por haberse quedado a la zaga de los países latinoamericanos; por ser un Estado que no cumple lo que promete y porque carece de funcionarios capaces de empujar hacia adelante el barco del desarrollo social.

Al hacer un estudio serio, objetivo, de los resultados de los esfuerzos nacionales durante esos quince años, Valerie Julliand —coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, durante tres años— dijo que el fracaso de Guatemala refleja “la falta de voluntad política, la falta de compromiso de los sectores responsables y los secretos de una política pública desacertada”, signo inequívoco de que Guatemala está tocando, añadió, “el fondo de la piscina” de la incompetencia para atender asuntos de interés nacional.

Según Julliand el esfuerzo guatemalteco por cumplir los objetivos del milenio apenas logró un 6% del compromiso; incumplimiento que va en contra de la tendencia mundial acerca de disminuir la pobreza. Guatemala en lugar de avanzar retrocede. En total se cumplieron 6 de los 66 indicadores definidos para Guatemala: “proporción de menores de cinco años con peso inferior al normal, relación entre alumnas y alumnos en ciclo diversificado, relación entre hombres y mujeres en educación superior, tasa de mortalidad de menores de cinco años, proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado y necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar”.

Está fuera de duda que el desarrollo del trabajo educativo del Estado juega un importantísimo papel en la reducción de la pobreza y, por lo mismo, en el desarrollo general del país. Pero, en Guatemala el oficialismo hace, algúnas veces, las cosas al revés. La reforma educativa, de la que tanto se habla, no recomienda la supresión de la carrera magisterial. Por el contrario, contempla la necesidad de una superación constante del magisterio, particularmente el de la educación primaria. Y, es como para caer de espaldas, el 8 de noviembre de 2012, el Ministerio de Educación, mediante el acuerdo 3731-2012 (inconstitucional) del Gobierno suprime la carrera de magisterio.

Esto hace que el normalismo y el discurso pedagógico se conviertan en un reclamo nacional.