“El 1 de junio vence el plazo de sigilo internacional previsto en la cláusula contractual del caso Odebrecht y podremos entregar las pruebas que tenemos y que nos han pedido los fiscales de otros países”, dijo un vocero de la Procuraduría General de la República de Brasil.
La fuente agregó que hasta ahora ocho países presentaron 22 solicitudes de documentos y testimonios de ejecutivos de Odebrecht.
De acuerdo con el portavoz de la Fiscalía brasileña, con excepción de República Dominicana, que ya recibió toda la información solicitada gracias a que llegó a un acuerdo de cooperación con Odebrecht, los otros países comenzarán a recibir las pruebas el jueves.
Brasil podrá presentar las pruebas en las embajadas de los países solicitantes, como lo hizo con República Dominicana; entregarlas directamente a fiscales enviados a Brasilia por sus respectivos países, como planea Argentina, o enviar la documentación por correo.
El secretario de cooperación internacional de la Procuraduría brasileña, Vladimir Aras, explicó que la información será entregada al interlocutor con Brasil que cada fiscalía escogió para abordar los asuntos de cooperación sobre Odebrecht.
Las pruebas constan en los acuerdos de cooperación que Odebrecht suscribió con la justicia brasileña a cambio de reducciones en las condenas de 77 de sus ejecutivos que aceptaron confesar sobre casos de corrupción en la constructora.
Las pruebas fueron solicitadas por las fiscalías de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio el lunes a los jefes de las fiscalías de los otros países para aclararles que las pruebas tendrán que permanecer bajo sigilo para no perjudicar las investigaciones contra las autoridades citadas por ejecutivos de Odebrecht.
Janot explicó que le pidió a la Corte Suprema de Brasil que mantenga el sigilo por “el posible interés de autoridades extranjeras en adoptar medidas para investigar los hechos denunciados por los colaboradores que pueden ser perjudicados si hay publicidad del material antes de que sea posible entregarlo a las autoridades respectivas”.
El acuerdo de cooperación que Brasil firmó con Odebrecht el 1 de diciembre preveía un plazo de sigilo de seis meses sobre la información relacionada con la actuación de la empresa en otros países.
Para el procurador brasileño, “el fin de ese plazo no retira, automáticamente, la necesidad de sigilo de las informaciones, principalmente de las que serán enviadas al exterior mediante cooperación internacional”.
La Corte Suprema brasileña ya retiró el sigilo sobre prácticamente toda la información suministrada por Odebrecht respecto a operaciones ilegales en Brasil.
Las confesiones permitieron a Brasil abrir decenas de investigaciones sobre la participación de Odebrecht en la financiación ilegal de campañas electorales, en el pago de sobornos a autoridades para obtener contratos de obras públicas y en operaciones financieras irregulares.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el que Odebrecht también suscribió un acuerdo de cooperación, reveló que la constructora había admitido que pagó unos US$788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y frica, incluido Brasil.
Las investigaciones iniciadas a raíz de esas informaciones han salpicado, entre otros, a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos, así como al expresidente peruano Alejandro Toledo.
En febrero pasado, en una reunión en Brasilia, diez países de América Latina y Portugal se comprometieron a colaborar en las investigaciones sobre la corrupción en Odebrecht.
No asistieron ni Guatemala ni El Salvador.
