Guatemala es un país en el que la violencia se expresa de múltiples formas. De algunas se habla más que de otras. Hay violencias que pasan completamente desapercibidas o que son intencionalmente ocultadas y hay otras que, incluso, se justifican porque así conviene a los sectores de poder.

La violencia que se ejerce contra las y los trabajadores en Guatemala es cotidiana y, a pesar de eso, está permanentemente invisibilizada. Las violaciones a los derechos laborales son múltiples y van desde el incumplimiento del pago de salarios y prestaciones hasta la represión y el acoso por ejercer el derecho a organizarse.

La violencia económica contra la clase trabajadora es una constante. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en 2018, ocho de cada 10 trabajadores percibieron un salario inferior al precio de la Canasta Básica Alimentaria (CAB). Mientras el salario mínimo se ubica en Q2 mil 992, la CAB alcanza los Q3 mil 609, una brecha de casi Q700 mensuales, que tiende a acrecentarse.

De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2014) Guatemala es uno de los peores países de la región para trabajar. Esto por los bajos salarios y las condiciones de informalidad existentes: el 70% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal por lo que no tiene derecho a salario mínimo, vacaciones o seguridad social.

Pero la violencia contra las y los trabajadores no es solamente económica. El informe anual sobre Violencia Antisindical en Guatemala (2018) realizado por la Red de Defensores de Derechos Laborales muestra un panorama en extremo preocupante. Se registran ataques de diverso tipo —difamaciones, intimidaciones, amenazas, detenciones arbitrarias, vigilancia y lesiones— que tendrían como fin “persuadir” a las y los trabajadores para que no recurran a la acción sindical como medio para la reivindicación de sus derechos.

Algunas cifras: entre 2007 y 2016 fueron asesinados 84 sindicalistas y en el 2018 se presentaron ante el Ministerio Público, 882 denuncias y se contabilizaron 1,778 trabajadores agraviados. Todo esto en el marco de una campaña pública de desprestigio contra la libertad sindical y la negociación colectiva.

En realidad esto no es nuevo, durante los años de la guerra los dirigentes e integrantes del movimiento sindical fueron duramente reprimidos y estigmatizados. Sus nombres se cuentan por decenas en las listas de personas asesinadas y desaparecidas en Guatemala. El 1 de mayo, 21 de junio y 24 de agosto de 1980, por ejemplo, se ejecutaron secuestros masivos contra sindicalistas —50, 27 y 17, respectivamente—; todos siguen sin aparecer.

La represión contra el movimiento sindical de aquellos años tuvo un doble objetivo: desarticular una fuerza social que denunciaba y se enfrentaba a los regímenes autoritarios y dar una lección “ejemplificante” y disuasiva a otros miembros de la sociedad para inhibirlos de participar en la defensa de sus derechos mediante la organización colectiva.

Salvando las diferencias, la criminalización contra el movimiento sindical actual busca también esos objetivos. A menor organización, mayores violaciones a los derechos laborales. Por eso las recurrentes prácticas de acoso, hostigamiento, difamación y represión contra las y los trabajadores que buscan formar o son parte de un sindicato. Y por eso también, la cooptación por parte del poder político y económico de dirigentes sindicales que se han prestado al juego perverso de estas mafias.

La violencia contra las y los trabajadores es permanente y busca generar un ambiente de terror y estigmatización para que la gente no se organice en defensa de sus derechos. Continuará.