Uno de los tantos problemas que enfrenta la población, especialmente la más abandonada por el Estado, es la crisis del agua. Se ha informado que “cuatro de cada diez personas en pobreza extrema no tienen acceso a fuentes mejoradas del líquido vital”, además del déficit hídrico que reportan los ríos, debido, entre otras causas, a la degradación, contaminación y al uso irresponsable de ese bien público.

La Procuraduría de Derechos Humanos, con motivo del Día Mundial del Agua, abogó por la adopción de una normativa para regular los derechos y obligaciones en el uso y acceso de este vital líquido. Señaló que es “urgente” aprobar una legislación que dé prioridad al agua para usos personales, domésticos, producción de alimentos y prevención de enfermedades, que además incluya los principios de igualdad, equidad, inclusión, acceso a información, participación social, rendición de cuentas y justicia y que asegure la sostenibilidad del recurso hídrico.

Las personas se ven obligadas a realizar enormes esfuerzos, tanto físicos como económicos, para obtener un recurso indispensable para la vida. Quienes más afectadas resultan siempre son las mujeres, que han sido las que cargan en sus cabezas las tinajas y recipientes para transportarlo, pero también significa un gasto de dinero, porque las familias deben adquirirlo a proveedores privados.

Guatemala es el único país de Centroamérica que no tiene una ley de aguas. El 27 de abril de este año, la Agencia Nacional de Noticias reportó que el Ministro de Ambiente y el presidente del Congreso señalaron que la Ley de Aguas deberá quedar aprobada antes de que finalice 2017, promesa de cuyo cumplimiento dudamos.

Sin embargo hay una luz de esperanza. La Universidad de San Carlos dio a conocer esta semana el informe que recoge las recomendaciones de los Diálogos por el Agua que dicha casa de estudios llevó a cabo en 22 departamentos el año pasado. El rector indicó que el “agua es un bien social de dominio público al servicio de la comunidad y no de persona particular, por lo que urgen acciones para recuperar las cuencas de lagos y ríos”.

Indicó que hay que construir la institucionalidad pública y poner en vigencia un marco legal en donde se privilegie el interés social sobre el individual, para lo cual se deben alcanzar acuerdos sustantivos con visiones incluyentes, que tomen en cuenta la cultura de la prevención, la gestión de riesgo y la valoración del conocimiento vernáculo sobre el uso del agua.

Instó a que se adopte una política pública y adelantó que la Universidad está trabajando una propuesta de ley con este propósito, en cuyo contenido se tomarán en cuenta los resultados de los Diálogos, así como los trece principios rectores, entre ellos agua y saneamiento, las prioridades en su uso y las condiciones de acceso al agua por parte de las mujeres.

Es valioso el proceso de consulta participativa impulsado, en la que participaron 17 sectores y dos mil líderes y lideresas, quienes aportaron en el diagnóstico de problemas, causas y soluciones. Sin embargo, la propuesta de crear un ente autónomo para regir su gestión no es prudente; la Usac no puede obviar que el Estado tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente.

Ese ente autónomo que se propuso en ese proceso riñe con este principio constitucional y no contribuye al fortalecimiento institucional. La Usac es estatal, así que tendrá que encontrar la forma idónea para no disminuir el rol rector del Estado en esta materia.

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