El juez Darwin Porras también les dictó arresto domiciliario, firmar el libro de control cada ocho días en el juzgado de paz de Acatenango, les prohibió acercarse a esa comuna, comunicarse entre ellos y pagar fianzas de Q50 mil, para Gálvez, y Q75 mil para Batzín y Turcios.
La fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) determinó que los tres sindicados habían devengado salarios sin laborar para la Municipalidad, por un monto de Q355,077.76, durante la administración municipal que presidió Suriel Abedam Marroquín Soto, del 2012 a 2016, quien fue electo por la Unidad Nacional de la Esperanza.
Tres extrabajadores de Muni de Acatenango Chimaltenango ligados a proceso por caso especial de estafa. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/GwTnFoidSe
— Julio Sicán Aquino (@SicanAquino) May 16, 2017
Las investigaciones establecieron que Gálvez devengó durante ese periodo Q75,258.33; Turcios, Q137,374.82 y Batzín, Q142,444.61, sin contar con un respaldo laboral que acreditara legalmente su relación laboral con esa comuna chimalteca.
La Municipalidad se constituyó como querellante adhesivo en el proceso a través de su representante, José Rómulo Cabrera, quien aseguró que los sindicados defraudaron a la comuna al simular que eran trabajadores municipales. “Los sindicados se aprovecharon de que eran familiares de dos miembros del concejo municipal para defraudar a la comuna”, explicó.
La Fiscalía cuenta con cuatro meses para terminar las investigaciones y los sindicados con tres días para hacer efectivo el pago de las fianzas para recuperar su libertad.
Antecedentes
El 20 de diciembre de 2016, el MP realizó varios allanamientos en ese municipio, incluida la vivienda del jefe edil, y aprehendió a los sindicados. Sin embargo, el entonces alcalde, Marroquín Soto, no fue ubicado en su residencia ni se presentó a la audiencia para determinar su situación legal.
Las anomalías se detectaron cuando por una orden de juez debían de reinstalarse a 24 trabajadores, tres de ellos no tenían registros de labores.
Un juez de Chimaltenango dejó en libertad a los aprehendidos por falta de mérito, pero un amparo interpuesto por el MP logró que se retomara el proceso legal y la Sala Mixta de Apelaciones de Sacatepéquez trasladó el caso al juzgado de instancia penal de Sacatepéquez.
