El documento también expone: “Pero hay otros casos más graves, como un asesinato no esclarecido por las autoridades, amenazas de muerte, agresiones físicas y verbales, una detencion y amenazas a la prensa en general por parte del gurpo criminal Los Zetas”.
El informe hace una cronología de ocho casos que el Observatorio denunció a la opinión pública y presenta el detalle de los 33 casos de violaciones, las cuales distribuye así: 13 amenazas, 40 por ciento; 8 restricciones de acceso a las fuentes 24 por ciento; 7 agresiones físicas, 21 por ciento; 2 intimidación/presión, 6 por ciento; un acoso judicial, tres por ciento; una detención arbitraria, tres por ciento; y un asesinato, tres por ciento.
El detalle incluye que el 89 por ciento de las víctimas han sido periodistas hombres y 11 por ciento mujeres, para un total de 40 reporteros y cinco reporteras que sufrieron diferentes abusos, en algunos casos dos o más de ellos fueron agredidos.
El informe señala como presuntos responsables: autoridades, 31 por ciento; partidos políticos, 27 por ciento; otros, 18 por ciento; desconocido 9 por ciento; grupos armados, 6 por ciento; fuerzas de seguridad, 6 por ciento; crimen organizado, 3 por ciento.
En el reporte se incluyen las 26 denuncias que recibió la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, mientras la Procuraduría de Derechos Humanos registra siete denuncias en el 2011.
Ley de acceso a la información
El informe también se refiere a la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en septiembre del 2008 y su vigencia a partir del 23 de abril del 2009, y las resistencias al derecho a la información, a través de reservas informativas por parte de instituciones estatales en el 2010, así como los intentos por reformar la ley en el 2011, con lo cual supone un retroceso.
A lo anterior se suma un total de 256 denuncias por derecho vulnerado, ésto relativo a las solicitudes con respuesta insatisfactoria sobre el acceso a la información pública.
Relación Gobierno – Prensa
El Observatorio presenta cifras sobre las violaciones a la libertad de expresión durante el gobienro de Álvaro Colom: 67 en el 2008; 60 en el 2009; 19 en el 2010; y 33 en el 2011 y expone su preocupación por “la posible implementación de la censura y autocensura como una práctica generalizada entre los periodistas como estrategia para resguardar su integridad física y la de su familia”.
También hace un análisis sobre la relación del ex presidente, durante su mandato, con la prensa y hace un repaso por los diferentes momentos como los roces en los primeros 100 días de gobierno, especialmente con la prensa escrita, el escándalo que generó el caso Rosenberg, la demanda por difamación planteada por el vicepresidente Rafael Espada, entre otros.
En otra parte del informe, se destaca la discusión de dos proyectos de ley sobre piratería en internet, Stop Online Piracy Act (Sopa) y el Protect IP ACT (PIPA), que se trataron en el Congreso de Estados Unidos a inicios de año.
SOPA proponía emitir órdenes judiciales contra sitios que promuevan o faciliten el robo de material protegido por el autor, mientras PIPA era una propuesta que buscaba otorgar más herramientas para identificar a los poseedores de “sitios web de vándalos dedicados a infringir o traficar con contenido”.
