Las críticas del parlamentario se dieron en la reunión convocada por el Movimiento Pro Justicia para discutir los parámetros internacionales de subastas de alta tecnología.
El plan consiste en impulsar acciones como parte de la Política General de Gobierno 2016-2020, que se basa en ejes son Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo y Transparencia.
Una de las propuestas es integrar en la primera fase 6 mil 500 escuelas, de 33 mil existentes, para dotarlas de acceso a internet y equipo tecnológico, entre otras acciones ya que se habla de la necesidad de dotar de formas para mejorar la comunicación por ejemplo en la Policía Nacional Civil, en el sistema de salud y otros. Autoridades de Gobernación indicaron en febrero pasado que que se han mejorado servicios al usar la tecnología en la investigación criminal, por ejemplo con el acceso a bases de datos que permiten la facilidad de identificar a las personas aprehendidas al usar el sistema de huellas AFIS y la video vigilancia, se indicó.
En esa misma reunión, Harold Cancinos, coordinador del programa dijo que dicho plan no está muerto ya que se trabaja en otras opciones, a la fecha, dijo, se ha dotado de internet a 13 escuelas, con otro tipo de apoyo.
“Ah, entonces el plan está herido” dijo el diputado, a lo cual el jefe de la Superintendencia de Comunicaciones (SIT) Raúl Solares, respondió “está herido pero no de muerte” al indicar que seguirán trabajando para impulsarlo.
Sin embargo Contreras refiere que se ha anunciado usar para dotar de acceso a internet a escuelas la frecuencia denominada 700, la cual tampoco está en poder del Estado porque ya está asignada a otros actores, refirió.
Solares de la SIT explicó que la frecuencia 700, es el resultado del dividendo digital, lo cual es consecuencia de la transición digital. Expuso que en la actualidad existen algunos titulares de usufructo de frecuencias para televisión abierta en UHF, y lo que persigue el dividendo digital es migrar estas frecuencias hacia otras que están disponibles pero respetando sus derechos, refirió el funcionario el cual dijo que es viable para el país.
Las denuncias contra la subasta del 4G
La subasta para la banda 4G se lanzó en el 2015, y el actual Gobierno intentó reactivarla, sin embargo hubo al menos 22 impugnaciones, según datos de la SIT.
Hasta esta semana, de esas impugnaciones o revocatorias presentadas en el Ministerio de Comunicaciones, ya han sido resueltas 19, y faltan tres, indicó el Superintendente Solares.
Sin embargo ahora los interesados han decidido empezar acciones en los tribunales de lo contencioso administrativo, en donde hay cuatro casos según datos del Movimiento Pro Justicia, el cual impulsa una discusión sobre el tema.
Al llegar estas acciones a los pueden tardar años en resolverse comentaron directivos del Movimiento Pro Justicia.
“Hoy, 2017, es una gran experiencia para nosotros el decir: Lanzamos nuestra Agenda para ser una nación digital… Es por eso, que días como hoy son memorables, pero más memorable será si hacemos realidad lo que nos estamos proponiendo”. Jimmy Morales, Presidente de la República, al presentar la agenda en febrero pasado.
Por aparte se conformó una mesa técnica, que incluye entes estatales y organizaciones sociales, así como diputados y asesores del Congreso, para discutir otros aspectos como las facultades que la ley de otorga a la SIT y a Guatel para el manejo de frecuencias.
Ahora existe una discusión legal ya que ahora las autoridades de Guatel refieren que dicho ente tiene la facultad sobre el manejo de frecuencias, basados en la legislación del país.
Los actores de dichas reuniones creían al inicio que la nueva Ley de Telecomunicaciones que está vigente desde 1997, le daba esa facultad a la SIT, sin embargo ahora, en la mesa técnica en la cual es mediadora la Contraloría de Cuentas se analizan las leyes nacionales, acuerdos y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para definir esa situación y si es necesario se corrija en el Congreso, se indicó.
Walter Argueta, representante de la Contraloría para ese tema, refirió que aparte del análisis que se realiza en esta mesa, también la Procuraduría General de la Nación (PGN) les informó que efectúa un análisis de la situación jurídica en mención.
