“Han sido sectores con pocos controles, pero que ahora vamos a retomar con mayor intensidad”, afirmó Leonel Villamar, intendente de Fiscalización.
La medida no esperará, y se aplicará 10 días después de que entre en vigor la exención fiscal que perdona multas, intereses y recargos de impuestos.
Aunque el gran objetivo son esos sectores, los controles se extenderán a las mercancías de importación —temporal y definitiva— que traen aeronaves que aterrizan en el país y el control del pago de impuestos sobre circulación de vehículos (ISCV).
¿Qué detectaron?
Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT y Villamar, explicaron las acciones durante la presentación de los datos de recaudación fiscal de abril pasado.
Dijeron que detectaron una serie de irregularidades contables que hacen necesaria la fiscalización.
En el Cuerpo Diplomático, afirmaron se detectó que el personal guatemalteco incumple con el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de los ingresos que perciben.
“Hay un mito, y se cree que los trabajadores no pagan impuestos, cuando el Convenio de Viena solo establece quienes son los exentos”, dijo Solórzano.
En los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay 220 dependencias que gozan de actividades exentas. En ese grupo se encuentran 80 embajadas, 73 consulados y 67 misiones internacionales.
En el caso de los colegios, dijo Solórzano Foppa, se encontró una serie de cobros de actividades que no están exentas y no emiten facturas, como servicio de bus y parqueos, seguro, bono de ingreso, alquiler de togas y otros.
El funcionario recordó que los establecimientos privados educativos, solo están exentos en el pago de matricula, colegiatura y pago de exámenes, por lo que todos los demás cobros deben de ser facturados.
Elmer Palencia, directivo de la Cámara Guatemalteca de la Educación, afirmó que los programas de fiscalización no son nuevos y que los establecimientos conocen sobre las normativas, por lo que están tranquilos.
“La Constitución nos respalda sobre los derechos. En algunos casos los padres de familia hacen denuncias infundadas de los centros educativos”, afirmó.
Carlos González Arévalo, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que el plan suena bien, sobre todo, porque se entrará a fiscalizar a aquellas personas que no gozan la exención constitucional en el Cuerpo Diplomático y por lógica deberán tributar.
Sin embargo, dijo que hubiera esperado que se incluyera con mayor profundidad la fiscalización en el servicio aduanero, donde, a su criterio, se encuentra un “importante agujero fiscal”, que no es tratado.
“Hay cuatro aduanas donde está el mayor problema, pero no se observan programas de fiscalización con intensidad”, afirmó.
La brecha —impuestos programados pero no recaudados— durante el primer cuatrimestre se situó en los Q642.8 millones. La cobranza de impuestos, alcanzó los Q19 mil 334 millones, y la meta era de Q19 mil 976 millones.
