Una mirada retrospectiva a la semana permite vislumbrar el difícil tránsito hacia cualquier anhelo de prosperidad. En el Día del Trabajo, una de las noticias se refería a los miles de guatemaltecos que a diario buscan obtener un empleo digno que les permita aliviar la carga cotidiana de la familia, aunque la mayoría enfrenta el doloroso infortunio de la escasa oferta de plazas, sin posibilidades reales de cambio.

Otro hecho aludía a una historia reiterativa que a lo largo de poco más de una década ha dejado 2,612 personas muertas por linchamientos, ocurridos principalmente en la zona metropolitana y en algunos departamentos del occidente del país, sobre todo en aquellos donde el conflicto armado interno se libró con mayor crudeza y también se registraron las mayores masacres atribuidas al Ejército, tema en que los estudiosos deberán profundizar.

También destacó el caso de la magistrada Blanca Stalling, cuya titularidad en la Corte Suprema de Justicia está bajo análisis del Consejo de la Carrera Judicial, lo que, unido a la mediocre y tan lamentable labor del Congreso, complementó el cuadro que pinta de cuerpo entero la actual situación de este país.

En el Organismo Legislativo, una vez más, varios diputados optaron por asumir una actitud pusilánime ante un paquete de reformas necesarias en el sector Justicia y en vez de dar la cara, para respaldar o rechazar esos cambios, optaron por esconderse o no estar presentes cuando debía darse la discusión, con lo cual solo ratifican la percepción generalizada de que esta es una de las más deficientes, si no la peor, legislatura de la historia reciente del país, a causa de que un grupo de diputados sospechosos de estar ligados a grupos criminales estarían boicoteando un cambio muy necesario en el Sistema de Justicia.

El caso de la magistrada Stalling es otra vergonzosa evidencia de cómo se conduce un organismo cooptado, incapaz de proceder de manera correcta en decisiones que no deberían ser difíciles de asumir, como separarla de su cargo, mientras se esclarecen plenamente los hechos que se le imputan, para evitar cualquier suspicacia por los mismos antecedentes que existen sobre ella.

La problemática económica, violencia e inseguridad, junto a una deteriorada institucionalidad, configuran un cuadro que obliga a preguntarse con seriedad y preocupación sobre el futuro de Guatemala, ante todo porque también es palpable un frágil liderazgo en cada uno de los tres poderes del Estado. Esto es mucho decir en un país pleno de posibilidades, de incomparables riquezas naturales, históricas y étnicas, que deberían ser los mejores argumentos para aspirar y exigir niveles de desarrollo en todos los órdenes.

Esto último es quizá la mejor respuesta cuando se trata de explicar el avance de un país lastrado por la corrupción de una dirigencia enquistada en el Estado. Pese a ello, una mayoría de guatemaltecos expresan ser felices por el terruño y por estar inmersos en una geografía extraordinaria, en la que apenas se exige un mínimo de decencia y responsabilidad por parte de quienes tienen en sus manos la posibilidad de incidir de manera determinante en hacer realidad una nación más incluyente.