Escuintla, Quetzaltenango y Guatemala, son los departamentos con un riesgo alto para el ejercicio del periodismo. La medición sale de un mapa de riesgo elaborado por Cerigua con base en el monitoreo de prensa.
“La base de datos cuenta con información sistematizada y verificada desde el año 2012. Es alimentada diariamente y cuenta con indicadores tomados de la Ley contra la Delincuencia Organizada”, refiere el informe.
Este año la lista de agresiones contra comunicadores la encabeza el departamento de Guatemala, con ocho; le siguen Zacapa, Suchitepéquez y Quetzaltenango con una.
La Unidad de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público concluye que la reducción en las denuncias en las agresiones contra periodistas ocurre por los siguientes motivos:
- Censura y autocensura en zonas con alta presencia del crimen organizado.
- Desconfianza hacia el personal de las fiscalías distritales.
- Desconfianza en los agentes de la Policía Nacional Civil.
Algunos de los principales actores responsables de los ataques contra la prensa son los funcionarios de distintos niveles del Estado, así como los elementos de policía.
Este 3 de mayo se cumplen cinco años de que el Gobierno de Guatemala, bajo la administración del entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti, se comprometió públicamente a implementar un Programa de Protección para periodistas, con el cual se busca aminorar las amenazas y posibles atentados que pudieran enfrentar los periodistas a nivel nacional.
Desde entonces han sido asesinato de 18 comunicadores sociales, la mayoría en los departamentos, sin que las actuales autoridades del Ejecutivo concreten esa promesa.
En abril, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó la denuncia realizada por la Alianza de Entidades de Prensa, la cual señala que el Estado de Guatemala ha incumplido con el compromiso asumido en Ginebra en 2012, de adoptar un Programa de Protección a Periodistas.
En marzo del pasado año, el Secretario y la Subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito y Lucy Barrios, suspendieron el proceso de creación del programa, iniciado por la Mesa Técnica conformada durante el gobierno del Partido Patriota (PP), luego que la Asociación de Periodistas de Guatemala, Cámara Guatemalteca de Periodismo, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y Cerigua mostraran su inconformidad con dicho proceso, debido a su ilegitimidad y a la falta de representación de los sujetos a proteger.
La Mesa Técnica trabajó cerca de dos años, sin embargo, los únicos logros fueron: la creación de una página web que no presentaba ninguna información de calidad, la realización de una serie de actividades en las cuales destacó la ausencia de los periodistas y la elaboración de un informe de consultoría con el cual pretendían iniciar la construcción del programa, plagado de inconsistencias.
