El filósofo moral escocés del siglo XVIII, Adam Smith, es conocido como el “padre de la economía” y como una figura central del liberalismo clásico. A Smith se le conoce por su abogacía de mercados libres, pero también veía un papel importante para el gobierno en la sociedad, proponiendo que este fuera limitado. Smith famosamente puntualizó sobre lo que llamó los deberes legítimos del soberano en una sociedad liberal, que hoy entenderíamos como las funciones del gobierno, que para él eran tres. “El primer deber del soberano”, dice Smith, “es proteger a la sociedad de la violencia y la invasión de otras sociedades”. Traducido al lenguaje burocrático moderno, este sería el Ministerio de la Defensa Nacional. Esta función de gobierno es casi universalmente aceptada, aún por los de pensamiento muy liberal. “El segundo deber del soberano, es aquel de proteger, hasta donde sea posible, a cada miembro de la sociedad, de la injusticia y opresión de todo otro miembro de ella, o el deber de establecer un sistema exacto de administración de justicia”. Esto sería la policía, Ministerio Público y los tribunales de justicia. Esta función, el monopolio de la violencia y coerción en aras del orden y la administración de justicia es prácticamente de aceptación universal.

“El tercer y último deber del soberano o mancomunidad es erigir y mantener aquellas instituciones y obras públicas, que aun cuando puedan ser en el más alto grado ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza, que la ganancia nunca podría pagar el gasto a ningún individuo, o pequeño número de individuos; y que, por tanto, no puede esperarse que algún individuo o pequeño número de individuos pudiera erigir o mantener”. En este tercer deber del soberano, Smith abre una puerta por la que podrían entrar muchas actividades de gobierno y representa, para muchos estudiosos, un “problema” para sus credenciales liberales. Sin embargo, Smith ofrece varios ejemplos y resalta tres categorías: infraestructura —especialmente la construcción de puertos, puentes y carreteras—, la educación de la juventud y la educación de personas de todas edades. Siguiendo el razonamiento de La Riqueza de las Naciones, Smith estaría de acuerdo con algún sistema de salud pública, pero no necesariamente indicaría que estas categorías debieran ser provistas de manera gratuita por el Estado.

Qué distante se está hoy de la visión de Smith, en el mundo moderno en el que se espera que el gobierno provea toda clase de servicios y beneficios, que no sería problema si no fuera porque solo puede hacerse a costa de confiscar una creciente proporción del ingreso de las personas, reducir su libertad y aumentar el poder coercitivo del Estado. Smith contemplaba un gobierno fuerte, estricto, eficiente y especializado en sus funciones. Es justo preguntarse si la visión de Smith alcanza para la complejidad de la sociedad moderna, como quizás lo es también cuestionar si el gobierno moderno no se ha distanciado demasiado de esta visión.

En gran parte, el problema de la extralimitación del Gobierno y del gasto público es un fenómeno inherente a la democracia representativa de mayorías simples, donde el poder se nutre y crece por la vía del clientelismo político. Raramente se plantean preguntas esenciales como: ¿es productivo el gasto público o, qué significa la productividad del gasto público? Tristemente, no se cuenta con métricas claras y adecuadas para responder a estas preguntas.

Recomiendo la lectura de Adam Smith, edificante para todas las edades y aplicable a todos los tiempos.