“La velocidad con la que el gobierno se doblegó muestra lo descaradamente inconstitucional que era su exigencia en primer lugar“, dijo Esha Bhandari, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, en un comunicado. Bhandari representa a la persona o al grupo de personas no identificadas que están detrás de dicha cuenta en Twitter.
Ésta es @ALT_uscis, una referencia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración. En los dos meses que lleva de existir, en la cuenta se han expresado críticas a las políticas migratorias del gobierno de Trump. En febrero, un representante de la misma le indicó a The Associated Press que sus integrantes son empleados y exempleados de esa agencia.
We want to thank @twitter and @aclu for standing up for the right of free anonymous speech. Thank you resistance for standing up for us. https://t.co/6PdwZIJ2xP
— ALT- Immigration 🛂 #NoPayNoWork (@ALT_uscis) April 7, 2017
La cuenta es una de decenas de cuentas rebeldes que han surgido en Twitter desde que Trump asumió el puesto, las cuales presuntamente representan a empleados federales en funciones o exempleados de varias agencias que se oponen a las políticas del gobierno. Otras cuentas de las llamadas “alternas” —o “alt”— incluyen @Alt_CDC sobre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y @AltUSEPA para la Agencia de Protección Ambiental.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la agencia de inmigración y fue nombrado como uno de los demandados en la querella de Twitter, no respondió por el momento a las solicitudes para que diera sus comentarios al respecto.
En una entrevista, Bhandari dijo que los derechos de los que se expresan en forma anónima están en riesgo si el gobierno pudiera exigir información sobre sus identidades sin ninguna justificación legal. Hizo notar que las peticiones del gobierno a Twitter estaban redactadas con base en un texto modelo, pero no proporcionaban una razón específica para querer averiguar las identidades.
Dijo esperar que la rápida retractación del gobierno desaliente a otras agencias federales que pudieran tener como blanco a usuarios de cuentas “alt” similares.
“Muestra realmente el estándar tan elevado que el gobierno tiene que cumplir”, señaló.
En su demanda, Twitter afirmaba que el gobierno no podía obligar a la compañía a revelar las identidades de sus usuarios sin primero cumplir con varios requisitos. Debe demostrar que se ha cometido una ofensa penal o civil, que no está solicitando la información con la intención de suprimir la libertad de expresión, y que los intereses de la pesquisa están por encima de los derechos que la Primera Enmienda constitucional garantiza para Twitter y sus usuarios, afirmó la empresa.
