Analizar aspectos esenciales para la prensa y los periodistas, particularmente los riesgos que afrontan, así como conocer y aprobar los informes de los países, fue parte de la agenda que abordó la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en Antigua Guatemala del 31 de marzo al 3 de abril. La corrupción fue uno de los aspectos al que se puso especial énfasis.

La intervención del comisionado de la Cicig captó la atención de los asistentes y ocupó primeras planas en la prensa escrita y en algunos programas radiales. El maestro Javier Darío Restrepo, conocido y admirado por el gremio, fue concreto pero contundente al señalar las debilidades y fallas que estamos teniendo en la cobertura de hechos que afectan gravemente a los diferentes países.

Hubo un panel donde se abordaron las luces y sombras de los medios de comunicación en la crisis del 2015 en Guatemala, integrado por Jose Rubén Zamora, Mario Antonio Sandoval, Luis Felipe Valenzuela, Mario Fuentes Destarac y quien escribe este espacio. Comparto algunos aspectos del contenido de mi ponencia.

Se hicieron reflexiones sobre los aportes, lecciones aprendidas y el acompañamiento que la prensa dio a la población, que hastiada de la galopante corrupción exigió la renuncia del presidente y de la vicepresidenta, quienes abandonaron sus cargos asediados por la presión social y jaqueados por la investigación del Ministerio Público y la Cicig.

La crisis política se resolvió por la vía institucional; no se rompió el orden constitucional, preservando así la democracia y el estado de Derecho. Pero mucho antes que detonara, constantes informaciones, reportajes y trabajos especiales con fuentes y datos revelaron la creciente y descarada corrupción que infectaba al Estado, los espacios de opinión apuntalaron la información difundida y agregaron otros elementos de análisis. Esto generó inconformidades sociales y repudio a los funcionarios que abusaron de su posición y saquearon al Estado. Se fue concientizando a la ciudadanía y creando un estado de opinión generalizado en relación con la descomposición en el gobierno y el Estado en general.

La televisión adoptó una novedosa modalidad: la transmisión en tiempo real de las audiencias en Tribunales; la radio dio amplia cobertura a los casos, incluyó entrevistas con diversos actores; en la prensa escrita abundaron las publicaciones, los enfoques, los comentarios y editoriales sobre los temas que concentraron el interés de la población. Los señalados de la comisión de hechos delictivos también tuvieron espacio en los medios para refutar las acusaciones.

Se multiplicaron las formas de comunicar. Se acrecentó el uso del twiter y del Facebook, con profusa participación. Y como es natural y por diversas razones no todos los medios tuvieron los mismos enfoques de lo ocurrido.

Desde el Estado no se atrevieron a reprimir abiertamente esa manifestación de libertad de expresión y de prensa. Pero paralelamente a esta vorágine de hechos políticos y coberturas informativas, hubo periodistas que sufrieron agresiones, desde amenazas, intimidaciones, denuncias, hasta el asesinato de tres periodistas en Suchitepéquez.

Durante el conflicto armado (1960/1996), los periodistas documentamos 46 casos de colegas asesinados, informe que entregamos a la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Pero en la posguerra continuó la inseguridad. Del 2000 a la fecha, 36 periodistas han sido asesinados. En el último año hemos perdido a 11.

Y a pesar de la retórica, los ofrecimientos y discursos, el Gobierno no adopta el Programa de Protección a Periodistas.

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