Hace aproximadamente 20 años, IIDH-CAPEL realizó un seminario en San José, Costa Rica, referente a la tolerancia y la alternabilidad en la política. Dos expositores mexicanos, políticos ambos, concentraron la mayor atención: Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Carlos Castillo Peraza, alto dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN). Actores clave fueron Sonia Picado, reconocida jurista costarricense, y el doctor Daniel Zovatto, uno de los mejores estudiosos de la política latinoamericana. Recuerdo haber compartido extensas jornadas durante el evento con la diputada Nineth Montenegro. Para entonces ella recién iniciaba su carrera parlamentaria.

Los intelectuales citados en ese entonces coincidieron en que nuestras sociedades y sus democracias incipientes podían y debían superar los niveles de intolerancia y confrontación, típicos rasgos de sociedades supeditadas por largo tiempo a gobiernos autoritarios. Daniel Zovatto hizo una brillante exposición a favor de la conciliación social y la búsqueda de consensos. Ha pasado casi un cuarto de siglo desde entonces y es posible confirmar que en Guatemala poco o nada hemos logrado al respecto. Vamos hacia mayores niveles de confrontación; advertirlo es una obligación. ¿Será posible que no aceptemos que todos, desde Cacif a Codeca, tenemos derecho a defender intereses corporativos o sociales, siempre que los mismos estén enmarcados dentro de la legalidad? ¿Podrá Guatemala lograr mínimos niveles de desarrollo socioeconómico si persiste la confrontación? Nuestra incapacidad para resolver problemas internos relevantes favoreció el surgimiento de instancias foráneas como Cicig y el Plan para la Prosperidad —este último, diseñado por la tecnocracia norteamericana— como recursos inmediatos para la preservación institucional. Que la providencia nos resguarde y no ocurra un terremoto en el país —como ya lo ha advertido el arquitecto Alfonso Yurrita— porque nos convertiríamos en un nuevo Haití. Gobernados por cascos azules de la ONU.

Recordando a Issac Newton: “Toda acción genera una reacción, exactamente igual pero en sentido contrario”. Me refiero a las postergadas demandas sociales vinculadas a las grandes mayorías excluidas, particularmente campesinos —indígenas y mestizos— y trabajadores urbanos condenados a la sobrevivencia. Desde que se inició la transición a la democracia, en 1986 a la fecha, jamás hemos tenido verdaderas políticas públicas orientadas a contrarrestar la pobreza y favorecer mejor educación y salud social. Una secuencia de gobiernos corruptos e irresponsables nos ha conducido hacia el caos en que vivimos. Las mayorías han reaccionado y se preparan para los desafíos por venir.

La intolerancia política y el desinterés por el desarrollo social nos llevaron al actual punto de conflictividad y confrontación. Como efecto, hoy es posible determinar tres actores sociales importantes que podrían converger en un solo frente para obtener por primera vez una alta cuota de poder político en el país: Codeca, las organizaciones indígenas más influyentes y un grupo político urbano de izquierda democrática que unificaría a grupos y colectivos afines. Un primer objetivo es la realización de lo que han denominado “Una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Pluricultural”. Si se consolida su unidad contarían con una extraordinaria fuerza política en el próximo proceso electoral.

¿En un escenario así, podría la partidocracia corrupta tradicional ofrecerse como alternativa política para la derecha conservadora nacional? ¿Se consolidará un nuevo proyecto político opuesto a las inversiones y al capital? Es urgente llegar a un gran acuerdo nacional. Mañana sin duda alguna, será demasiado tarde.