En estos días el tránsito colapsa por las más de 50 mil antorchas que circulan en casi todo el país. Desde los años sesenta ha sido una tradición que la llama sea portada por niños y jóvenes como un símbolo de libertad. Pero si los entusiasmados marchistas, muchos de ellos indígenas, conocieran lo que realmente ocurrió a partir del 15 de septiembre de 1821, probablemente se abstendrían de celebrar esa supuesta hazaña, cuyo trasfondo tenebroso el sistema educativo ha contribuido a ocultar. El acta de independencia fue el documento que certificó el traspaso del monopolio político de la corona española a los criollos. Aprovecharon el período de inestabilidad y debilidad política que atravesaba España con el trienio constitucional (1820-1823), el cual significó una dura pugna entre la monarquía y el liberalismo.

El sentimiento de emancipación de las elites locales se había comenzado a gestar muchos años antes. Martínez Peláez refiere que en la Recordación Florida, escrita por Fuentes y Guzmán en 1690, ya se percibían atisbos de esa nueva patria de los criollos, forjada en sus ideales conservadores y en la que pretendían defender su patrimonio.

Ellos tenían en mente dos tipos de España: la primera era la gloriosa que había conquistado extensas tierras, el orgullo de la sangre y los valores ibéricos. La segunda era la España mezquina que los minusvaloraba y saqueaba sus riquezas. Los criollos se preguntaban ¿por qué debían compartir su fortuna con esa potencia de ultramar que no invertía nada y en cambio recibía a manos llenas la riqueza del Nuevo Mundo? Por eso querían construir su propia patria.

Pero esa nueva patria no estaba definida para todos los nacidos en estas tierras. Los pueblos indígenas no se incluían en esa aspiración. El indio no era compañero de viaje de los ideales libertarios, sino solo parte del patrimonio de los criollos, junto con sus tierras, caballos y demás enseres. El acta de independencia fue redactada, paradójicamente, en papel sellado de la corona española y en ella se consignaba su objetivo: “prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

El primero en firmar el acta fue Gabino Gaínza, un viejo militar español que había luchado contra los independentistas chilenos en 1814 y que de capitán general pasó a ser el jefe político de la nueva patria. Ese simple cambio de papel de Gaínza determinaba que no había ruptura en la estructura de haciendas sobre la que se asentó la Colonia y en las cuales los indios no tenían los mismos derechos que esa clase social triunfante que había cortado el cordón umbilical con la península ibérica. Si acaso la nueva aristocracia volvía los ojos hacia la plebe, era únicamente para tratar de integrarla a la “civilización” de la patria criolla. El indio solo representaba el “atraso” de esa nueva entidad política.

En 1824, la Asamblea Legislativa dejó clara la segregación racial al decretar que solo debía haber un idioma oficial, el español, y que se debían extinguir los idiomas indígenas, por ser “imperfectos”. Cinco años después dejó a los indígenas en calidad de semiesclavitud. La Ley contra la Vagancia fue dirigida contra los jornaleros y artesanos indígenas que vivían en la miseria y no tenían “medios de vida conocidos”, como tierra. Por ello eran obligados a trabajar en las fincas de la Costa Sur. Por ley, los finqueros podían pedir a los alcaldes que les consiguieran indios, como si fuera ganado. Con ese argumento legal, los indígenas eran prácticamente cazados los días domingo al salir de misa o en el parque, y para evitar que huyeran eran conducidos amarrados a las haciendas. Este es el verdadero trasfondo de esa gesta independentista que ahora se celebra con bombos y platillos, pero que representó la expoliación de nuestros abuelos indígenas.