Ese porcentaje pudo haber significado unos Q3 mil 920 millones en el PIB y unos Q5 mil 227 millones que no pudieron moverse por las invasiones, que se le conoce como la huella del agro.
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Mientras que, por la pérdida de salarios e ingresos para las personas que trabajan en el campo, pudo haber significado hasta unos Q2 mil 563 millones.
La muestra numérica de Camagro tomó como referencia una metodología que utilizó la firma consultora Central American Business Intelligence (Cabi), que lleva a cabo análisis a ese gremio empresarial y que determinaron las cuentas.
“El 2018 es el mayor período de invasiones que se han registrado en el país de acuerdo con los datos históricos y es la primera vez en que se hace un cálculo económico”, enfatizó Nils Leporowski, presidente de Camagro en conferencia de prensa.
Cómo se sacó la muestra
En 2018 hubo 242 fincas invadidas según la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA), que según el estudio representó aproximadamente 164 mil hectáreas de territorio usurpado.
“El 80% de las invasiones se concentran en Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Petén que son áreas donde los empresarios han dejado de atender su propiedad”, explicó Leporowski.
El informe de la SAA releva que, en Alta Verapaz, se registraron 94 casos; Quiché, 50; Izabal, 42 y Petén, 21. En su conjunto, en estas regiones son 207 casos o sea el 85%.
El documento refiere que, en Zacapa, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Guatemala y El Progreso, solo reportan un caso de invasión.
Leporowski afirmó que los propietarios han dejado de trabajar ciertas aéreas del territorio, jornales de trabajo y un buen porcentaje de ese problema es en el Valle del Polochic, Alta Verapaz y El Estor en Izabal.
Paulo de León, representante de Cabi, explicó que se realizó un calculo de cuanto se dejó de producir por hectárea y que impactó en 0.6% del PIB por la invasión de fincas, entre cultivos tradicionales y no tradicionales agrícolas, así como silvicultura y pecuario.
Aseguró que uno de los cultivos más afectados es la producción de palma africana para la producción de aceite, banano y café.
El consultor afirmó que históricamente la invasión de fincas no fue tan intensa como el año pasado y en la época de los años de 1990 y 2000 la cobertura de invasión no pasaba de 10 mil hectáreas, pero a partir del 2012 se incrementó sustancialmente.
De León explicó que en general el fenómeno este disperso y cubre 16 de los 22 departamentos, pero los más significativos están en Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Petén.
La actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, tiene un peso en la economía del 13%.
Señalan a estructuras criminales
Leporowski recordó que lo ocurrido hace una semana en la aldea Semuy 2 El Estor, donde fallecieron tres marines del Ejército y otro grupo de soldados resultaron heridos “era algo predecible”.
“Es un tema que venía muchos años atrás y desde 2005 venimos denunciando invasiones sistemáticas en el Valle del Polochic. Se fue un ingenio por estas invasiones y lo que está ocurriendo es que se está dejando de invertir en el área, generar empleo, que tiene una alta densidad demográfica y las invasiones que son estructuras criminales llevan personas de otras comunidades” enfatizó el presidente de Camagro.
Las consecuencias son la falta de inversión y la sostenibilidad del área, específicamente en el Valle del Polochic, que colinda entre Alta Verapaz e Izabal.
Al preguntarle sobre esos focos en esa área, Leporowski respondió que el mayor porcentaje de invasiones que está en Alta Verapaz, Quiché e Izabal, y es un área estratégica, como un corredor, de que todo lo que posiblemente, “venga con mercancías”, con las pistas, pasan por toda la Transversal del Norte y puedan llegar a México.
Añadió que muchas de las invasiones están cercanas a pistas de aterrizaje y muchas veces no llenan un perfil de invasión con fines para demandar tierra, si no para otras actividades.
“Esto no es un tema agrario, si no de estructuras criminales que están invadiendo las fincas para lograr el control de áreas geográficas y donde no hay presencia del estado, autoridades desde hace muchos años atrás, hasta ahora que se determinó el estado de Sitio”, puntualizó el representante de Camagro.
En todo caso, dijo, es algo que deberá de investigar el Ministerio Público (MP).
Inventario de denuncias
Carla Caballeros, directora de Camagro, añadió que se han presentado 11 mil denuncias al MP por los posibles delitos de usurpación, usurpación agravada y usurpación de áreas protegidas entre el período 2015-2019.
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Recordó que el año pasado hubo dos mil 397 querellas y en lo que va del año mil 587.
Charles Bland vicepresidente de Camagro, aseguró que, por medidas de seguridad, los propietarios de las áreas invadidas no se acercan para hacer verificaciones y por eso se plantean las denuncias.
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