En esos cambios se castigó a los tránsfugas quitándoles la oportunidad de presidir comisiones y de integrar la Junta Directiva del Congreso. Pero ahora el oficialismo quiere quitar esa restricción.
La primera vez que se habló del tema fue cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un amparo provisional contra el reparto de comisiones extraordinarias, pero quedó en el olvido.
La propuesta se retomó cuando el TSE canceló a las agrupaciones Libertad Democrática Renovada (Líder) y Partido Patriota (PP), ya que ambas perdieron sus salas de trabajo y dejaron de reconocerse como bloques legislativos.
Eso originó que FCN-Nación comenzara a buscar una salida a lo que considera la inminente cancelación de esa agrupación política, luego de que en diciembre pasado el TSE la denunció en el Ministerio Público (MP) por haber incumplido con informes de financiamiento político.
Niega intento
Javier Hernández, jefe de FCN-Nación, negó que se prepare tal iniciativa. No obstante, varios diputados de ese bloque y de otros que han sido sus aliados aseguraron que la mencionada es una de las nuevas propuestas sorpresa que pretenden presentar en el pleno.
Esta no es la primera iniciativa que busca retirar el castigo a los tránsfugas. Hace cinco días, el diputado Fernando Linares Beltranena propuso una iniciativa de ley que pretendía devolver la facultad a los congresistas de cambiar de bancada sin perder sus privilegios.
Se sabe que la iniciativa de Linares fue tomada como un señuelo. No la apoyan, pero la vieron como un termómetro para medir a la opinión pública. Los oficialistas preparan la propia, en espera del mejor momento para incluirla.
Temor
El partido de gobierno habría comenzado a correr para impulsar la propuesta, luego de que el PP y Líder no solo perdieron las comisiones de trabajo, sino su representación como bloques y con ello mermaron su incidencia política e ingresos, pues ya no tienen derecho a dietas, cajas chicas ni asesores.
El temor más grande de FCN-Nación es que se le arrebaten las presidencias de las comisiones de Finanzas, que analizará el presupuesto de 2018, y la de Derechos Humanos, la cual es la encargada de la elección del nuevo procurador de los Derechos Humanos, proceso que se efectuará este año.
Protegen impunidad
En las últimas sesiones, los diputados han procurado proteger sus intereses. Intentaron, primero, incluir un paquete para beneficiar a los señalados de corrupción y defraudación tributaria.
El martes último también incluyeron una moción sorpresa para conceder una amnistía administrativa, legislativa y laboral a partir del 2008.
Amnistía
Buscaban impunidad por caso Odebrecht
Diputados pretendían protegerse no solo de las denuncias por la creación de plazas fantasma, sino también por iniciativas que han aprobado en el pleno, como los proyectos señalados de Sigma Constructores y el de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, que reconoció haber entregado sobornos hasta por US$18 millones.
La propuesta que fue incluida en la agenda de manera sorpresiva el martes, y se pretendía pasar de urgencia nacional. Esta buscaba amnistía para todo lo aprobado en el pleno y de los actos administrativos y laborales que se efectuaron en el Congreso desde el 2008.
La única firma legible era la de Jaime Regalado, jefe del Movimiento Reformador. Sin embargo, diputados identificaron la de Alejandra Carrillo y la de Ramón Lau, del bloque Todos, quienes negaron haber apoyado la iniciativa e incluso este último subrayó que él y su bancada votaron en contra.
Javier Hernández —jefe de FCN-Nación—, Víctor Estrada, Luis Hernández Azmitia y Regalado se escudan en que son diputados de primer ingreso y que ellos no se beneficiarían de la propuesta.
Hernández Azmitia y Estrada coinciden en que hay “persecución legal selectiva” de diputados, por lo que es necesario establecer mecanismos que protejan las acciones que se efectuaron, pero “no de mala fe, sino por costumbre, y de esa manera se deje de presionarlos”.
El presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, Manuel Conde, a donde fue enviada la propuesta, indicó que analizarán la iniciativa, pero considera que una reforma a la Ley de Servicio Civil del Congreso no podría ordenarle a una ley penal.
Reformas, sin avance
De nuevo, las reformas a la Constitución para el sector Justicia quedaron detenidas. Esta sería la segunda ocasión en que se intenta avanzar después de haber retirado de la discusión el derecho ancestral maya.
Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, consideró que la jurisdicción indígena se tomó como un pretexto, pues aunque el tema se pospuso, ahora los diputados no llegan o utilizan otros distractores.
Ayer, los legisladores se concentraron en una propuesta para limitar el uso de la palabra, como lo solicitó el congresista Nery Samayoa, quien pretendía evitar los “extensos discursos de algunos”.
Comadronas
Los congresistas acordaron pedir opinión a la Corte de Constitucionalidad acerca de la resolución que emitió el Ejecutivo al haber vetado la ley que beneficia con un bono de Q250 mensuales a las comadronas. La intención es que al regresar se vote para revertir el veto.
