Hace unos cinco años hice un estudio para identificar las principales barreras y cuellos de botella que impedían que el Estado cumpliera con su papel de promover, proteger y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Dada la envergadura, junto con la colega con quien realizamos la investigación, decidimos partir del examen de los megaprocesos que comprende el ciclo de gestión pública para ver la relación entre la acción estatal y la realización efectiva de sus derechos específicos amparados por la Constitución, la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y en el entramado de legislación encabezado por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia —ley Pina—.

Esto implicó ver cómo estaba funcionando el circuito que lleva de la toma de decisiones que hace un gobierno o una entidad para cumplir con su mandato, si ello se convierte o no en una política pública apropiada, que luego se traduce en planes, programas y proyectos con acciones concretas a los cuales se les asigna presupuesto. Implica establecer si estos programas se ejecutan debidamente hasta culminar, y si ello termina reflejándose también en mejoras del bienestar de la niñez y adolescencia.

Para comenzar, en un Estado al servicio del desarrollo, algo así no debería ser materia de un estudio/consultoría, sino producto de un proceso continuo de monitoreo y evaluación de la acción estatal. Pero como el nuestro es un Estado cooptado y capturado para reproducir privilegios de pequeños grupos e intereses espurios, funciones clave como el monitoreo y evaluación de la acción pública a favor del desarrollo poco interesan; se suplen con estudios, de los cuales el citado es uno de varios.

Quisiera tener espacio en esta columna para mostrarles al menos la gráfica que esquematiza y relaciona el conjunto de instituciones que tienen por ley la responsabilidad de hacer efectivos los derechos de la niñez. Más que un entramado coordinado y articulado, lo que encontramos fue una maraña institucional. La vista caótica comienza a explicar el abandono en que se encuentra la niñez guatemalteca en general y especialmente aquella necesitada de protección, como la que estaba alojada en ese “Hogar Seguro”.

Supongo que el estudio terminó engavetado. Volvió a mi mente ahora que se cuestiona el alcance de la responsabilidad estatal en la tragedia que ha cobrado ya la vida de 40 niñas. Escribo buscando luz en medio de esta oscuridad. Necesitamos transformar esta tragedia nacional en un parteaguas de la manera como se hacen las cosas desde el Estado.

Por tanto, señalar la cadena de mando es importante, mas no es suficiente. Sin menoscabo de descartar también que detrás del incendio no haya otro tipo de hechos delictuosos, para determinar la responsabilidad del Estado y, por ende, de distintos individuos en que estas niñas terminaran muertas se necesita un peritaje especializado en gestión pública para determinar las causales y cómo se interrelacionan. El peritaje debería contribuir también a relacionar esas causales inmediatas —cómo y quién provocó ese incendio—, con los factores y procesos de más larga data que llevaron a este nivel de precariedad a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y, en general, al fallo sistémico de lo que eufemísticamente se llama “sistema de protección integral de la niñez”. También hay que identificar aquellos determinantes de orden más estructural y de carácter socioeconómico y familiar que llevaron a estas niñas y jóvenes en primera instancia a estar bajo la tutela del Estado. Sobre todo, debería servir para replantear lo que hay que hacer de ahora en adelante.