La misiva está respaldada por otras 17 organizaciones jurídicas o de defensa de los derechos humanos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.
En la nota se considera que esas amenazas, que incluyen insultos y fotografías de los activistas, revisten una “particular gravedad” debido a su carácter “personalizado y selectivo” , ya que, recalca, en anteriores ocasiones los asesinatos de defensores de derechos humanos fueron precedidos de notas similares.
Por ello, la FIDH pidió al presidente que inicie una investigación para determinar quién está detrás de las amenazas y para que tome “medidas urgentes” para proteger a esas personas, de las cuales varias gozaban de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También solicita que el Gobierno convoque una reunión de emergencia con los activistas señalados y sus respectivas asociaciones, e insiste en la necesidad de hacer todo lo posible para que puedan ejercer “libremente su legítima labor”.
En total, 49 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2011 en Colombia, mientras que en lo que va de año ya son 16, la mayoría, recordó la Federación, vinculados a la reivindicación de restitución de tierras.
