“Este tipo de hechos debió evitarse mejorando las condiciones indignas que hayan sufrido y sigue sufriendo la niñez acogida en los hogares a cargo del Estado”, expuso Vian Morales.
El religioso exigió a las autoridades la destitución inmediata de los implicados y la persecución penal de funcionarios relacionados con la tragedia.
“Que las políticas de protección a la niñez y adolescencia se adapten, respetando el marco legal e internacional vigente”, agregó.
El Arzobispo Metropolitano recordó que antes del incendio existían ilícitos como abusos sexuales y de otra índole, que también deben tener persecución penal, refirió.
“El Estado se debe constituir para la protección de la familia y estos centros deben ser para fomentar la familia y la persona humana y no convertirse en centros de reclusión y maltrato. Roguemos a Dios nuestro señor que de fortaleza a las familias afectadas”, expiuso.
Trabajo a los amigos
En tono elevado el Arzobispo Vian Morales manifestó que es el Gobierno el que debe velar porque las personas que dirigen los lugares no sean solo por dar un empleo o amigos.
“Esto nadie lo dice pero es la realidad, gente que no sabe de niños y de pedagogía, encierran a los menores en un cuarto”, especificó.
Piden investigación
Diputados socialistas de Europa solicitaron por medio de una carta al Gobierno guatemalteco la investigación tras la muerte de 40 adolescentes en el incendio ocurrido en el refugio de San José Pinula.
“El Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo lamenta profundamente la muerte de 40 jóvenes adolescentes en el incendio del centro estatal para menores, Hogar Seguro Virgen de la Asunción de San José Pinula. Estamos profundamente conmovidos y trasladamos a las familias de las fallecidas y heridas nuestra condolencia y nuestra solidaridad”, indicaron.
Los parlamentarios hicieron un llamado a la Comisión Europea a ” intensificar su labor de cooperación con Guatemala y prestar la ayuda necesaria que permita compensar a todos los damnificados por esta catástrofe y colaborar con el Gobierno en un plan especial para la superación de esta situación”.
Afirmaron en el comunicado que un país con derechos y democracia, no puede mantener un centro que acoge menores excluidos y desprotegidos en condiciones infrahumanas y explotados física y psíquicamente.
