La idea es verificar el cumplimiento de las Leyes de Presupuestos Vigentes para cada año y las correspondientes normas generales de Administración Presupuestarias válidas para cada periodo, así como fiscalizar que los actos de manejo de fondos públicos se hayan dado conforme a estas leyes, apuntó la CGR.
El Contralor de Panamá, Federico Humbert, tomó la decisión a través de una resolución y se la comunicó presidente del parlamento, el diputado Rubén De León, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Humbert, en una misiva enviada a De León, detalló los nombres de los seis componentes del grupo, quienes iniciarán el examen a partir del lunes.
El jueves pasado, De León, uno de los mencionados en el escándalo, pidió a sus colegas Leandro Ávila, Juan Carlos Arango y Yanibel Ábrego, formar una comisión para investigar las donaciones, contratos y subsidios, que de 2014 a 2016 alcanzan los US$12 millones y determinar si hubo irregularidades.
Ávila es miembro del PRD, Arango del oficialista Partido Popular (PP) y Ábrego del opositor Cambio Democrático (CD).
Esta comisión “se constituye en un mecanismo de transparencia para aclarar este tema” y “despejar toda inquietud”, anunció De León, según un comunicado oficial.
El pasado 9 de noviembre, la Contraloría informó que redactó un manual de procedimientos para fiscalizar que todo fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la AN sea verificado correctamente para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.
Según esta normativa, los donativos de ayuda para gastos varios a personas pueden ser por sumas de hasta US$2 mil 500; gastos médicos, hasta US$2 mil dólares; estudios, hasta US$5 mil; organizaciones sin fines de lucro, hasta US$10 mil; ayuda a Juntas Comunales, hasta US$15 mil; respaldo para organizaciones deportivas, hasta US$20 mil; y ayuda deportiva para atletas, hasta US$5 mil dólares.
Este decreto fue rechazado por sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo.
El abogado Ernesto Cedeño, quien presentó en meses pasados una demanda de inconstitucionalidad contra la figura de los donativos y subsidios de la AN, ha señalado que según un informe que le facilitó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se trata de US$12 millones de dólares en donativos y subsidios que se habían desembolsado hasta 2016.
