Con la suspensión provisional, la compañía no puede exigir al Estado el pago de ese monto hasta que se tenga un nueva resolución al respecto.
Teco Guatemala Holdings llevó al Estado de Guatemala a un arbitraje internacional por el desacuerdo en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el quinquenio 2008-2013.
Mientras que el Estado espera que se revoque el fallo para evitar el pago, la empresa busca que se revoque, a fin de que le paguen la totalidad de lo solicitado, US$225.3 millones.
Saúl Oliva, jefe de la Unidad de lo Contencioso Administrativo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), dijo que el proceso de anulación podría tardar hasta un año y medio, con base en la experiencia obtenida de una demanda similar planteada por la española Iberdrola.
Oliva refirió que ahora corresponde al Ciadi formar un comité adoc —tres árbitros asignados por esa entidad— para conocer las solicitudes. Agregó que el comité podría estar integrado a finales de mayo.
Argumentos
Según el Estado, no existe una motivación para que el tribunal se pronunciara acerca de su decisión respecto de daños y perjuicios, y argumenta que a consideración de Guatemala no existe un razonamiento adecuado en la decisión referente al pago de las costas procesales, explicó Oliva.
Aparte, en recientes declaraciones, el funcionario dijo que existe la posibilidad de plantear una anulación total del laudo, ya que Guatemala considera que el tribunal arbitral se extralimitó en sus funciones, revisó y revocó con su resolución un marco regulatorio que es propio del Derecho guatemalteco, como lo constituye una resolución de la Corte de Constitucionalidad que se refiere al Derecho local.
En tanto, se conoció que Teco argumentó su desacuerdo por el monto resuelto por daños y perjuicios, y ahora busca que un nuevo tribunal analice el aspecto técnico financiero de los daños que reclama.
También argumentó que el tribunal, cuando ponderó los daños, no tomó en cuenta los ingresos que la compañía dejó de percibir cuando el VAD fue fijado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el 2008.
Ciadi emitió fallo en 2013
El Ciadi decidió, en diciembre del 2013, que el Estado debe pagar US$21.1 millones en concepto de daños y perjuicios, y US$7.5 millones por gastos legales de la empresa.
