Cuando la violencia, la corrupción, el lavado de los recursos del pueblo, el narcotráfico, defraudación del fisco y la ineptitud de los tomadores de decisiones ha invadido a los poderes del Estado, instituciones privadas, autónomas, semiautónomas, deporte, Academia, religión y hasta al mismo pueblo, se pone en duda la candidez para cambiar una constitución que se acordó en una asamblea constituyente.

La práctica de la honestidad, la tolerancia, la ética, el civismo, la identidad, el respeto mutuo, la solidaridad y la demostración con actitudes objetivas de valores de los hombres y mujeres que han sido electos para gobernar el país se han venido deteriorando en nuestra sociedad o, en el peor de los casos, han desaparecido, y por ello la tarea de hacer que se practiquen con plenitud en nuestro entorno y por las nuevas generaciones debe ser la preocupación prioritaria, lo que nos garantizará y nos hará confiar en que los cambios que se pretenden hacer a tan importante documento sean autorizados por el mismo pueblo. No permitamos que algunos interesados lo manoseen en desmedro de intereses oscuros que pueden provocar la destrucción del Estado.

El Gobierno de Guatemala ha estado en deuda con el pueblo, al no cumplir con el Título I, en su capítulo único; el título II, capítulo I, artículos 3, 4, 5 y 6. Es obligatorio cumplir a cabalidad y a plenitud esos mandatos, y cuando este paso se dé, podemos aspirar a modificar la Carta Magna. Ahora se pretende hacer ver que la ley es la mala y no los hombres que han tenido la autoridad para ejecutarla y se comprometieron a cumplirla.

En la parte introductoria de la Constitución se invoca con vehemencia el nombre de Dios, indicando claramente que es el “Estado el responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y rigiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden constitucional, estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego a derecho”, promulgan las normativas que los hombres probos deben hacer que se cumplan en beneficio del pueblo y de la Nación, pero a la fecha quedan debiendo en el cumplimiento de hacer las cosas como demanda la misma Constitución, en la cual se tipifican la direccionalidad de que la justicia pueda aplicarse nombrando a los más dignos y aptos de este país.

Es hora de limpiar las manos de los que entretejen componendas para satisfacer intereses personales. Es obligación seleccionar a los mejores guatemaltecos para cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces tendremos otro país, sin necesidad de desgastar al Estado económicamente y distrayendo al pueblo para que no se dé cuenta de que hay problemas más serios por resolver.

Ya se demostró cómo la participación ciudadana demanda cambios; verbigracia, los movimientos cívicos del 2015. Así, valdría la pena demandar cambios constitucionales, si fuera necesario, como una manifestación genuina, para alcanzar la reivindicación cívica que ponga de manifiesto una verdadera práctica de la democracia y la libre determinación de los pueblos, digna de emularse para reinventar o recrear al Estado bajo las directrices que dicta la Constitución de la República de Guatemala actual, con el agregado de que la elite que gobierna se revista de los valores que ha descuidado y siga el debido proceso. Entonces será el momento propicio para efectuar los cambios que el soberano pueblo exija.