Por tardanza, falta de previsión o casualidad —dudo que producto de una estrategia planificada— estamos convergiendo a un final con dos opciones. El aderezo para esa insustancial “ensalada” lo pone el denominado derecho indígena y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), sobre los que se centró las discusión en los últimos días. Se ha dejado de hablar de lo sustantivo de la reforma: la forma de seleccionar y elegir jueces y magistrados, la carrera judicial como modelo a implementar y otros aspectos que cambiarían el sistema de justicia.

La percepción es que hay una opción —de izquierda— que promueve el “sí” de un paquete amplio que incluye agregados de ciertos sectores interesados y que pasa, inexorablemente, por aprobar el derecho indígena, y modelar el sistema actual de justicia a gusto de un grupito. Ahí han colocado a la Cicig y al MP. Otra opción —de derecha— es el “no” más contundente a todo lo que huela a reforma y mucho menos con esos ingredientes. En este lado han situado al “sector empresarial”. Si usted no está polarizado y radicalizado, tal y como lo presentan, es excluido o señalado por unos y otros.

Hablo con muchas personas —leo medios y atiendo redes sociales— que están distanciadas de esos planteamientos extremos, altamente ideologizados, con poca sustancia filosófica y rechazo patente. Sin embargo, para ambos grupos, la polarización pereciera ser la única solución a sus necesidades estratégicas. Para los recalcitrantes zurdos e indigenistas, la manera de incidir en política, ya que los partidos con los que tradicionalmente han competido les han aportado apenas unos pocos representantes y nula incidencia. Para los fanáticos diestros nacionalistas, la forma de defender a corruptos políticos en prisión, además de un sistema mercantilista de favores estatales. Desde ambos extremos se pretenden cambiar radicalmente el status quo —unos— o dejarlo como está —otros— que es la forma de seguir haciendo “la revolución” o de mantener “la impunidad”. Nada, en definitiva, que intereses o sirva al país del que se jactan “propietarios” por origen o descendencia.

Quienes debieron no han trabajado una tercera opción. Una propuesta viable alejada de esa innecesaria, pero sobre todo ineficaz, polarización. Hay que recordar que por muchos años se ha venido sintiendo la necesidad de modificar la selección y elección de jueces y magistrados. Las manipuladas comisiones de postulación, la inclusión de la Academia, los operadores externos que viciaban el proceso o los pactos en el Congreso para definir quiénes serían los designados, representó un alto costo que se refleja en la inoperatividad del sistema judicial. Eso, junto con un modelo de carrera judicial que llevara a los mejores a ocupar dichas plazas, era la necesidad sentida. Nunca hubo otra discusión fuera de tal marco.

Es ahí, precisamente, en donde hay que centrarse. Temas como el derecho indígena o el CNJ son agregados aprovechando que hay que tocar algo para manosearlo indebidamente, como ocurrió en 1999. Promover las reformas al sector justicia, sobre la base de las necesidades sentidas y debatidas por años, es precisamente el eje toral —y único— que debería tener la atención. No hay que salirse de ahí, y centrarse en lo que puede hacernos avanzar. Pareciera, no obstante, que nos hemos acostumbrado a posicionarnos en uno u otro plato de la balanza y ser “felices” con esas dos opciones de suma cero que no conducen a ninguna parte. Se pueden desaprovechar momentos históricos, pero hacerlo por falta de sensatez, aun sabiendo el costo, es un absurdo de difícil denominación.

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