En respuesta a esa solicitud, integrantes de la agrupación política presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar que el trámite avance en el ente electoral.
Según el diputado Carlos Barreda, la Ley Electoral de 2015 no contemplaba la cancelación de partidos por financiamiento electoral, por lo que no puede ser aplicada esa normativa.
“El tema de la UNE es que la UNE sale nítida de la auditoría de 2015, ni multas; nos pusieron 21 hallazgos, desvanecimos todos los hallazgos, no tuvimos ninguna multa y la auditoría aprobada y resuelta favorable por el pleno de magistrados. Es por ello que en el año 2017, cuando intentan cancelar la UNE, el pleno de magistrados rechaza la cancelación porque no procede volver a auditar un período que ya fue auditado”, explicó Barreda, en conferencia de prensa este 6 de septiembre.
El congresista Oscar Argueta justificó que no es competencia del Ministerio Público solicitar acciones administrativas por lo que esperan que con el amparo se detenga cualquier acción contra el partido.
“No podemos olvidar cuál es la función de cada institución, al Ministerio Público le corresponde exclusivamente la persecución penal, no persecución administrativa, no es su función, están actuando fuera de su mandato, lo que corresponde aquí es que ellos se limiten a lo que la ley les dice que deben hacer”, concluyó Argueta.
Además del amparo, los congresistas presentaron una denuncia en contra de los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei González, por abuso de autoridad.
“No pueden presentar una solicitud de cancelación porque no les compete, porque el delito no estaba vigente, porque ya generó estado, se estarían cometiendo varios delitos y varias violaciones al debido procesó”, expresó el parlamentario.
Estas son las primeras acciones con las que integrantes del partido quieren evitar la cancelación de la UNE. En la conferencia de prensa en donde anunciaron las medidas estuvieron presentes siete diputados actuales y 12 recién electos.
Agregaron que pese a la captura de la secretaria general de la UNE, Sandra Torres, y el posible proceso de cancelación, el partido se mantiene unido.
Prensa Libre consultó a Sandoval sobre la denuncia interpuesta en su contra y esto respondió: “Es el mecanismo para tratar de deslegitimar la actuación de los fiscales que han cumplido con el deber que demanda el artículo 251 constitucional”.
En cuanto a González, no se pudo localizar. El fiscal renunció a su puesto en el Ministerio Público. González era el fiscal del caso de financiamiento no registrado de la UNE.
Lo que dice la Ley
La Ley Electoral y de Partidos Políticos, antes de la reforma del 2016, indicaba que los partidos políticos podían ser cancelados por incumplir las normas de financiamiento.
El artículo 21, en el inciso g, señala que el incumplimiento lleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica.
Con la modificación legislativa, la norma amplía esa disposición en el artículo 21 ter, inciso k, en el que se advierte que las sanciones ya no son solo para las organizaciones políticas sino para secretarios nacionales, departamentales o municipales, personas que realicen aportes, quienes los reciban y los candidatos que se beneficien de los mismos.
La cancelación será de oficio y sin haber suspendido previamente a la organización política.
con información de Keneth Monzón
