“En la información se encuentra registrado un matrimonio de una adolescente de 14 años en Zunil, Quetzaltenango, celebrado por –el abogado– Arquímedes Gustavo Jacobí de León Puac, celebrado el 2 de diciembre del 2015, y el otro matrimonio de una adolescente de 15 años efectuado el 26 de junio de 2016 en Génova, Quetzaltenango por la alcaldesa”, explicó Castro.
En estos dos casos se violentó el decreto 8-2015, que prohíbe estos casamientos, manifestó la funcionaria. Ambos casos están en investigación para presentar las denuncias.
Castro refirió que hay criterios disperos y no homogéneos sobre los casamientos de menores de 16 años que contrajeron matrimonio mediante la excepción que permite que por razones fundadas un juez lo autorice.
“No todos –autoridades– están tomando el interés superior de la niña, si no muchos de estos matrimonios no se hubieran realizado”, comentó. En algunos casos se toma como criterio que la menor esté embarazada o que se tenga la estabilidad económica, sin especificar si es hombre o mujer.
En la mayoría de los casos las parejas son hombres de entre 22 y 26 años que, aunque sean cinco años mayores a las mujeres, marca una situación de madurez lo cual violenta los derechos de las adolescentes.
Claudia López, procuradora adjunta, comentó que los casamientos en menores de edad limitan el ejercicio de las adolescentes, la educación, la salud y una vida libre de humillaciones.
Agregó que, según ONU Mujeres, hay evidencia que ante la pobreza algunos padres casan a sus hijas por ser la opción que conocen, lo cual significa que las niñas y adolescentes con altos índices de pobreza están más expuestas al matrimonio infantil, y son vistas como mercancía y como objeto sexual.
La PDH pide que se reflexione sobre la excepción para contraer matrimonio y que se equipara a los 18 años.
