“La operación les permitió absorber el crédito mercantil y favorecerlos con amortizaciones para no pagar impuestos”, indicó Adrián Zapata, el intendente jurídico de la SAT.
La defraudación
Ascoed, S.A., y Asroed, S.A., son “sociedades de cartón”, según el Ministerio Público (MP), fundadas con un capital de Q5 mil, que habrían servido para operaciones de más de Q1 mil millones y fueron constituidas por los abogados Álvaro Castellanos Howell y Lourdes Eugenia Leal Orellana.
Según el expediente, el 19 de mayo del 2011, Unión Fenosa, con sede en España y dueña de las acciones de Deocsa y Deorsa, endosó sus títulos a Deocsa BV, con asiento en Holanda, y esta los vendió a Ascoed, S.A., por Q1 mil 549 millones 172 mil 82.17. El valor nominal de las acciones era de Q56 millones siete mil 282.68, por lo que se considera que hubo un exceso de pago de Q1 mil 493 millones 164 mil 699.49, denominado crédito mercantil —valor adicional al consignado en libros—.
Ese mismo día, Unión Fenosa hizo una operación similar para endosar a Deorsa BV acciones por Q953 mil 926 millones 808.51. El valor nominal de esas acciones era de Q101 mil 332 millones 596.50, por lo que el exceso de pago fue de Q852 mil 594 millones 12 mil con un centavo, según las pesquisas.
Para financiar la compra de acciones, Unión Fenosa, Deocsa BV y Deorsa BV aportaron capital a Ascoed, S.A., y a Asroed, S.A., que se sumó a un préstamo bancario. Los fondos fueron retirados el mismo día de las cuentas de las empresas recién creadas, según la fiscal Azucena Solares.
Cinco meses después, Ascoed, S.A., formalizó su fusión con Deocsa, y Asroed, S.A., con Deorsa. El 3 de noviembre del 2011 las fusiones se inscribieron en el Registro Mercantil y se disolvieron Ascoed, S.A., y Asroed, S.A.
Figura polémica
A pesar de las sospechas de la SAT, Castellanos Howell sostiene que la figura de Leveraged Buy Out (LBO, en inglés) es común en operaciones mercantiles y se trata de una compra de apalancamiento de activos, método para adquirir una empresa en la que se usa como financiamiento el valor de los activos de la misma compañía. Explicó que los ejecutivos o directivos de la firma se hacen cargo de la compra de las participaciones.
“Fueron sociedades que se constituyeron temporalmente para hacer este LBO. Nunca me hubiera prestado a algo así para defraudar”, afirmó.
Mynor Amézquita, vocero de Energuate, propietaria actual de Deorsa y Deocsa, señaló: “Son montos —adeudos— que nos han requerido y hemos pagado bajo protesto. Es un proceso todavía en discusión”.
Reforma legal
Hacer uso de una figura que en otros países es legal, pero que en Guatemala es poco conocida, puede exponer al abogado a ser objeto de denuncias, según el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Marco Sagastume.
“El abogado está sometido al Código de Ética Profesional, que determina que no puede participar en actos ilícitos. Sin embargo, este código tiene vacíos legales que requieren cambiarlo para incorporar el tema de la corrupción o evitar ser perseguido por el ejercicio de la profesión”, refirió.
