LOS CAMBIOS AL TEXTO constitucional han despertado el interés de ciudadanos a nombre propio y como representantes de instituciones, por hacer algo en beneficio del país. Se ha logrado hablar —al menos— de la necesidad de adaptar el sistema judicial guatemalteco a ciertas condiciones culturales, y ello, si se le desea ver con ojos de optimismo, es criterio aceptado. No significa, por supuesto, la dicotomía de aceptar algo o no aceptar nada. Y por eso el primer criterio necesita ser el de considerar las posiciones presentadas ahora como una especie de “documento mártir” sujeto a los cambios originados en la discusión respetuosa y serena, pero sobre todo del acuerdo de llegar a un sistema no solo práctico, sino con alcance para todos los ciudadanos.

A CAUSA DEL TOTAL desconocimiento de texto sugerido, y de la seguridad de convertirlo en una serie de criterios irrealizables a causa de lo decidido por el Congreso, un acuerdo inicial debe ser la renuncia de los diputados a introducir cambios a la propuesta. Para no ser otro mamarracho político-jurídico-social, esta necesita a su vez ser el resultado de la participación de delegados o representantes de instituciones legalmente existentes. El objeto es garantizar la representación, porque ahora muchas entidades firmantes de manifiestos carecen de membresía, cuyo número es minúsculo. Aunque el tema en apariencia se circunscribe a lo jurídico, tiene raíces en otras ramas del saber humano: sociología, psicología, etcétera.

ESTAS REFORMAS TIENEN un problema serio: por un lado, la presión por aprobarlas a rajatabla. Por otro, la duda existente de si el texto en realidad recoge el criterio de los participantes en mesas departamentales de discusión, también criticadas en su momento por la cortedad del tiempo, lo cual facilitó considerarlas una imposición. La razón para hablar de este asunto es simple: si en realidad se está hablando en serio de intentar un sistema jurídico eficiente, a causa de la necesidad de una consulta popular, se debe presentar un pliego de reformas defendible y asequible a la mayoría ciudadana, en cuanto a temas como la prontitud de la justicia, la renuncia a la lucha ideológica como base del sistema jurídico y, entre otros más, la cobertura, hoy muy limitada.

YA SE HA DICHO SUFICIENTE acerca del miedo de los sectores tradicionales por esa apertura a un nuevo tipo de juzgar. Como estos cambios, en la práctica, no pueden tener aplicación en la totalidad de temas, el esfuerzo debe estar dirigido a explicar los límites en todo sentido, sobre todo en el territorial, o en lo referente a la propiedad de los bienes inmuebles. Ya con esa forma de explicación, se puede pensar en cómo se aplica cualquier nuevo sistema de hacer justicia. Por ello no creo descabellado pensar en ir aprobando aquellos cambios en realidad necesarios en forma escalonada, sin imposiciones ni atropellos. Al pensar seriamente en todo esto, se evidencia la complejidad, pero por otro lado la posibilidad de éxito si se trabaja bien.

LOS SISTEMAS LEGALES constituyen parte importante de las relaciones de un país con el mundo. Tener varios, poca duda cabe, las vuelve aún más complejas porque se relacionan con la certeza jurídica, cuya debilidad ha causado tantos problemas al país. La decisión consciente o el arrebato para no darse cuenta de la dificultad del tema, imposible de explicarse con simplismos ideológicos e incluso jurídicos, constituye una receta segura para el fracaso aunque las intenciones tengan la bondad suficiente para pavimentar un buen trecho del camino al infierno, en este caso social. Vistos desde otra óptica, se pueden convertir en una nueva forma de división y esto sería el peor resultado para un país donde reina la desunión en prácticamente todo.