Mientras los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti volvían a los tribunales en la continuación de una audiencia por un caso de corrupción en el sistema aduanero, la magistrada Blanca Stalling acudía a otro juzgado para enfrentar cargos por haber desafiado a la autoridad en su intento por evadir a la justicia y, en otro escenario, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil procedían a la captura de varias personas por actos de corrupción en la Federación Nacional de Tiro.

Un vergonzoso corolario de lo que ha provocado la corrupción en todas las dependencias en las que se administran recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos, los cuales parecieran estar destinados a ser dilapidados por burócratas que demuestran muy poca estatura moral para asumir y desempeñar cargos con responsabilidad, aunque son episodios que tampoco desentonan con mucho de lo que ocurre en las más altas esferas de la administración pública.

La gerente administrativa de la Federación, Mónica Eugenia Pérez Turk, su hermano y tres personas más fueron detenidos por delegados de la Fiscalía contra la Corrupción, que los sindica de haber manejado de manera irregular recursos de esa instancia deportiva, cuyo monto, entre dólares y quetzales, podría rebasar los Q50 mil, los cuales pudieron haber sido utilizados para asistir a un evento celebrado en Rusia y esto se habría logrado con el uso de documentación falsa.

En este nuevo golpe contra la corrupción no deja de sorprender que continúen surgiendo casos en entidades donde se esperaría que el proceder fuera muy diferente al prevaleciente en instituciones netamente políticas, donde ha sido un ejercicio común la rapiña de los recursos públicos. Sobresale, entonces, la generalización de un flagelo que está demasiado extendido en todas las instituciones que dependen de los fondos asignados en el presupuesto general de gastos.

Por ello es que tampoco fue casual que el año pasado Brayan Jiménez, expresidente de la Federación de Futbol, se declarara culpable ante un juez de Nueva York de haber recibido sobornos por contratos irregulares para la transmisión de partidos para el Mundial 2018. Junto a él también fue procesado Héctor Trujillo, quien fungió como secretario general de la Fedefut y fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Lamentablemente, estos pueden calificarse como casos insuficientes, pues es generalizada la percepción de que las mafias están incrustadas a lo largo y ancho de la estructura pública, pero los recursos con que cuentan las autoridades son insuficientes, y ello explica por qué no se han podido desmantelar muchas otras estructuras atrincheradas en numerosas instituciones.

Sin embargo, esto no terminará si al embate de las autoridades no se suman la indignación y el reclamo de la sociedad para que cese esa repudiable práctica. El respaldo a estas acciones es crucial, pues se están tocando poderosos intereses de grupos mafiosos que ahora se encuentran en una frenética actividad por revertir esos esfuerzos.