Durante los últimos veinte años nuestro país ha estado con un crecimiento económico promedio estancado alrededor del 3%. Durante el 2018 la formación bruta de capital fijo fue apenas del 12%,mientras que en países como Panamá están invirtiendo 40% del PIB; Honduras, 23%; Colombia y México, 22%, o Perú, 20%. Es más, el promedio de inversión en Formación Bruta de Capital Fijo para América Latina según el Banco Mundial está alrededor del 18% del PIB, lo cual deja a Guatemala muy por debajo de lo necesario para sacar a millones de guatemaltecos de la pobreza.

Estudios han demostrado que un aumento del 1% del PIB en la formación bruta de capital fijo es capaz de reducir la pobreza extrema en cinco puntos porcentuales, lo cual denota la urgencia para nuestro país de aumentar la inversión en infraestructura productiva.

Esto, claro, no significa comenzar a hacer carreteras para todos lados como locos, como algunos falsamente aducen, sino darle seguimiento a la Política Nacional de Competitividad, que claramente ha establecido cuáles son las ciudades intermedias que van a crecer más en los próximos años y cómo la Agenda Urbana para Guatemala debe tener una continuidad clara que ayude al país a elevar la inversión en infraestructura productiva, capaz de interconectar a los ciudadanos y generar un crecimiento económico sostenido por encima de lo que tradicionalmente hemos tenido en los últimos años, que ha sido insuficiente para reducir la pobreza, desigualdad y marginación que tanto afectan a gran parte de la población.

Está claro que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso es urgente que el Congreso de la República asuma el liderazgo que le corresponde para aprobar la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, que ya está lista para segunda lectura, pero que no se ha priorizado en la agenda legislativa en estos meses. Adicionalmente existe ya un dictamen favorable sobre la iniciativa 5506, que daría vida al contrato de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, que sería un gran impulso a la economía del corredor económico más importante del país.

Además, se ha contemplado incluir un capítulo de alianzas público-privadas con los proyectos de infraestructura que ha venido impulsando la Anadie en el Presupuesto General de la Nación para el año 2020, que podría incluir inversiones a mediano plazo por US$1,550 millones para llevar a cabo los seis proyectos impulsados por la agencia. Esto sería un gran logro si el Congreso de la República prioriza la inversión en infraestructura productiva para generar un aumento sostenido en el PIB.

Se estima que con esta nueva estrategia se pueda empezar a viabilizar un total de 42 proyectos entre el 2019 y el año 2029, con una inversión de US$5,442 millones, según el Banco de Guatemala, para fortalecer el transporte público, nuevos trayectos de infraestructura vial, más ciclovías, pasos a desnivel, los proyectos de Anadie y plantas de tratamiento de desechos, que ayudaría a que en el 2020 crezcamos a un 4.5% del PIB y en el 2022 a un ritmo de 4.6% del PIB, aumentando la generación de oportunidades de empleo formal para miles de guatemaltecos y generando mayor inversión, llevando a 29% la formación bruta de capital fijo en once años.

Esto solo se logra si todos los guatemaltecos vemos hacia el futuro con optimismo y esperanza, donde los diputados asuman su rol de aprobar estas iniciativas, para que el próximo gobierno pueda comenzar desde el primer día a ejecutar las obras de infraestructura que tanto necesitamos.