Fue alentador conocer los resultados en los avances de la investigación sobre los asesinatos de los periodistas Danilo Zapón López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y de Radio Nuevo Mundo, respectivamente, ocurridos el 10 marzo de 2015, en Mazatenango, Suchitepéquez, pesquisa realizada por la Cicig y el MP, en donde se hicieron capturas de la banda criminal implicada en el caso y se reveló que un diputado se encuentra señalado como supuesto responsable de ser el autor intelectual del crimen.

Estos mensajes son esperanzadores y nos congratulamos de la eficacia mostrada. Ojalá así continúen los otros 31 casos de muertes violentas de periodistas y comunicadores ocurridas desde el año 2000 a la fecha, incluyendo los nueve casos sucedidos durante el año pasado y el de este año, ya que todos se encuentran impunes.

Reconocemos que la fiscal Thelma Aldana ha dado órdenes de mejorar las investigaciones, de que se incremente el número de auxiliares fiscales y otras decisiones que anunció el año anterior, y continuamos pendientes de cómo avanzan las averiguaciones, en las que hemos prestado la colaboración que se nos ha solicitado. Creemos que es indispensable que no solo se agilicen las investigaciones, sino que los casos se judicialicen para lograr que los asesinos sean condenados.

Estas capturas y avances en las averiguaciones muestran la gravedad del escenario en el que ejercen los periodistas en el área rural, tal como hemos denunciado año tras año, y es una prueba contundente de cómo opera el crimen organizado y los sicarios, a quienes pueden contratar delincuentes de toda calaña para deshacerse de personas que consideran una amenaza para sus planes o aspiraciones, sean del tipo que sean.

La participación de algunos agentes vinculados con el Estado, de autoridades locales, alcaldes y diputados ha sido señalada por periodistas y comunicadores que han sufrido agresiones o amenazas. Y ahora resulta tremendamente revelador que hay fundados indicios de que un representante del pueblo sea el principal supuesto responsable de la autoría intelectual del crimen cometido contra los dos periodistas en el 2015.

Seguramente la Corte Suprema de Justicia atenderá con prontitud esa solicitud de antejuicio planteada, porque, de lo contrario, de nada servirá tanto trabajo realizado por el ente investigador y la expectativa creada, si allí se estrella contra un muro de pasividad.

Esta también es una alerta para aquellos que intenten violentar el derecho de los periodistas de ejercer su profesión, de evitar que se difundan los hechos que les afectan. Los diputados que están involucrados en señalamientos que los involucran en este tipo de conductas tienen un fundamentado estado de nerviosismo, porque seguramente la ciudadanía continuará atenta al desarrollo de los procesos para sentar precedentes y evitar que los que asumen la representación del pueblo en el Congreso se conviertan en delincuentes.

Pero también es una lección aprendida para el gremio. Vincularse directamente con la política es legítimo y es un derecho de todas y todos, pero al utilizar el trabajo periodístico como una forma de presión es inadecuado, sobre todo cuando se ejerce en un país contaminado de delincuentes inescrupulosos y de criminales.

La alianza de entidades de prensa ha presentado una propuesta que puede contribuir a atenuar los riesgos que corren los periodistas, adoptando medidas preventivas y de protección, y el Gobierno, lamentablemente, no la ha implementado.

Señor presidente, seguimos esperando que sus funcionarios le hagan caso, que acaten la orden de implementar el Programa de Protección a Periodistas que usted avaló. Ya lo declaró de nuevo, recientemente, ante los medios, pero el compromiso no se cumple. Veremos cómo su gobierno se justifica en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.