Los señalados son los magistrados de la CSJ Silvia Valdés —actual presidenta—, Vitalina Orellana y Néster Vásquez Pimentel, y el presidente de la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal, Jaime Amílcar González.
En la denuncia se indica que el 5 de octubre del año pasado el pleno de la CSJ se formó con 12 magistrados titulares y un suplente. La magistrada Silvia García no estuvo presente y por eso se llamó al presidente de la Sala Segunda de lo Penal, Gustavo Dubón, para integrar la reunión.
En ese momento, Valdés, Orellana y Pimentel integraban la Cámara de Amparos y Antejuicios.
Votos en contra
Debido a que en la discusión hubo tres votos razonados, se redactó otra vez el acta de la reunión y con posterioridad fue enviada a los magistrados para que la firmaran.
Morales relató al MP que de esa manera se dio cuenta de que era la firma de González la que aparecía, y no la de Dubón.
La Supervisión de Tribunales ha comenzado una investigación administrativa contra la persona que llevó el acta a González para que la firmara.
Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento pro Justicia, la CSJ “continúa operando en secretividad y oscuridad. De los cambios más sustanciales que hubo en el sistema de justicia fue la introducción de la oralidad y publicidad de los actos. Es un contrasentido”, afirmó.
Ibarra manifestó: “Con el proceso administrativo contra un subalterno se trata de esconder una situación más grave. La pita siempre se rompe por el lado más débil”.
Prensa Libre consultó con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que conoce el caso, pero no respondieron.
Para la analista Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la denuncia representa un evento único, porque nunca se vio que a lo interno de la CSJ surgieran señalamientos por posibles delitos cometidos.
